Cómo cuesta el costo

Por Pablo Galand

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Mundo laboral. El trasfondo económico y político de los polémicos dichos de Ponte

Cada vez con mayor intensidad, el Gobierno va dejando en claro que quiere desandar los avances laborales obtenidos durante el período kirchnerista y, con el argumento de “bajar costos” y hacer más competitiva la producción local, pretende volver a un esquema más propio de los noventa que termine por beneficiar a los grupos económicos más concentrados.

 

Hace poco más de un mes, el presidente Mauricio Macri planteaba que era necesario “discutir todos los convenios laborales de vuelta”.  Ahora, quien arremetió fue el secretario de Empleo del  Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, quien propuso regresar al sistema de pasantías –muy recurrente en los noventa– y planteó que "la posibilidad de entrar y salir (del mercado laboral) hace a su esencia; es como comer y descomer".

 

El argumento de Ponte para retomar el régimen de pasantías fue que a través de dicha herramienta se consigue “una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas”. Lo llamativo es que ya existe un régimen de pasantías al que pueden recurrir. Claro que es muy diferente al que existía en los noventa y al que apunta Ponte.

 

“La ley 26.427, sancionada en 2008, reguló el sistema de pasantías y le puso un freno al fraude laboral que hasta ese momento permitía su aplicación”, señala ante Veintitrés el abogado laboralista Gustavo Ciampa, quien se desempeña en el estudio del diputado Héctor Recalde y asesora a diversos gremios. Según Ciampa, la norma vigente establece una limitación temporal del uso de las pasantías: dos meses como mínimo y un año como máximo. En tanto que la carga horaria no puede ser superior a las 20 horas semanales.  “Si los funcionarios hablan de volver al anterior sistema de pasantías, cuya vigencia era ad eternum y no se limitaba la carga horaria, está claro que el objetivo no es el traspaso del ámbito educativo al laboral –el espíritu con que se crearon las pasantías– sino bajar costos a través del fraude laboral”, afirma Ciampa.

 

Algo similar a las pasantías sucede con otra de las iniciativas que por estos días maneja el Gobierno y que fue uno de los ejes centrales del encuentro que la semana pasada mantuvo el ministro Triaca con su par de Hacienda, Nicolás Dujovne. Se trata de incentivar el blanqueo de trabajadores mediante la posibilidad de que el Estado se haga cargo de los aportes patronales durante un determinado tiempo.

 

Sin embargo, al igual que en el caso de las pasantías, existe una ley que contempla esta situación. "En 2014 se aprobó la ley 26.940 que establece un sistema permanente y temporario para incentivar el blanqueo de los trabajadores”, indica Ciampa. “El permanente apunta a las microempresas –hasta 5 trabajadores– y establece que el empleador se hace cargo sólo del 50 de las cargas patronales. El sistema temporal es para las empresas que tienen hasta 80 empleados y determina que en el primer año el empleador paga sólo el 25% de los aportes y en el segundo año el 50%.”

 

Precisamente, esta ley apunta a las pequeñas y medianas empresas que son aquellas en las que los salarios tienen una mayor incidencia en sus estructuras de costos. “Si se busca cambiar el régimen de blanqueo, es porque claramente se está apuntando a beneficiar a las grandes empresas, que son precisamente aquellas que por su producción a escala tienen una carga salarial mucho más inferior que las pymes”, indica Ciampa.

 

El dato aportado por el abogado laboralista suma un nuevo conflicto de intereses en esta iniciativa del Gobierno, si se tiene en cuenta que antes de ser funcionario del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte se desempeñó como director de Recursos Humanos de Ternium Siderar, empresa del  poderoso grupo Techint de Paolo Rocca.