Manteros: detrás del puesto

Por Tomás Eliaschev

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Más allá de los prejuicios, la realidad de los vendedores ambulantes descripta por los que buscan que las ferias sean un espacio justo y una fuente de trabajo digna.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes del barrio de Once, en vivo para todo el país. Y también a la prensa. Una fuerte señal política de mano dura ante las consecuencias de la crisis. Por un lado, palos, gases lacrimógenos y pimienta. Después, un empadronamiento con la vaga promesa de que en algún momento serán reubicados en un lugar a determinar.

 

 

Quedó claro a quien se haya informado sobre el asunto que los llamados “manteros” tienen un solo reclamo: “Queremos trabajar”, se escuchó una y mil veces, ante quien quisiera escuchar. Se pudo ver a una mujer, con varios hijos, al lado del cordón de la guardia de infantería. “Quién le va a dar de comer a mis hijos”, clamaba. Esa preocupación desesperada se escuchó en muchos de los desalojados, sobre todo mujeres con hijos, que hoy se van a dormir con la incertidumbre de no saber cómo van a alimentarlos.

 

Más allá de los comentarios xenofóbicos que proliferaron en las redes sociales y de la justificación a la violencia policial que se escuchó algunas trasmisiones televisivas, ninguna persona que lea (o que escriba) esta nota o cualquier otra sobre el tema puede afirmar sin estar mintiendo que jamás compró algo en algún puesto callejero. Es muy difícil tapar lo evidente: si hay venta callejera es porque hay compradores. Y si muchísimas personas se vuelcan a vender de esta manera, es porque se cierran otras fuentes de trabajo. En los últimos años, se calcula, hubo 6000 vendedores desalojados en la capital del país, ninguno relocalizado.

 

 

“En la ciudad de Buenos Aires hay más de 20 mil vendedores ambulantes. Cada vez hay más. Sucede lo mismo que con el cartoneo. La venta callejera crece cuando crece la desocupación”, explicó en diálogo con Veintitrés Rafael Nejamkis, militante de la Rama de Feriantes y trabajadores de Espacios Públicos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

 

“Hay muchas madres solteras, con hijos, con más de 40 o 50 años. Les resulta imposible conseguir trabajo en el sector formal. Y también hay muchos que trabajaban en la industria textil, ya sea en talleres clandestinos o legales, que tuvieron que empezar a trabajar como ambulantes porque perdieron sus trabajo ante la apertura de las importaciones”, precisó Nejamkis que se acercó junto sus compañeros a Once a brindar apoyo a los vendedores.

 

La mayoría de las coberturas mediáticas machacó sobre la procedencia de los vendendores: bolivianos, paraguayos, peruanos, dominicanos, senegales o nigerianos. Un punto que en un país de inmigrantes no debería llamar la atención. “No es cierto que sean todos extranjeros, no estaría mal pero no es cierto. Es un mito que se usa para aprovechar cierta idea chovinista de la clase media. Hay muchos argentinos que se quedaron sin trabajo y salen a cartonear o a tirar una manta para comercializar lo que pueden. Si hubiera una mafia detrás de todos los compañeros, la reacción habría sido más organizada. Es una feria con compañeros que están hace muchísimos años y otros que arrancaron hace muy poco, porque vienen de ser desalojados de la calle Florida o de Once”, indicó el referente.

 

 

“Hay una industria mayorista que le vende a los compañeros. A través de ellos recaudan y obtienen ganancia. Y hay una red de corrupción policial que actúa como regulador, que les quita una gran parte del ingreso. Por miedo puede que algunos no quieran decirlo en cámara. Todos saben que la policía es la gran recaudadora.  El gobierno de la Ciudad quiere que siga de esta forma, pero en ferias cerradas, al estilo La Saladita, como sucede en Constitución y está empezando a suceder en Once. Esos lugares son regenteados de forma mafiosa, con dueños que tienen varios puestos y explotan a los vendedores”, denunció Najamkis.

 

El militante de la CTEP resumió lo qué proponen: “Organizamos ferias cooperativas en varios puntos del conurbano y capital. En los lugares en donde estamos nadie paga coima. Y hay delegados. El Estado tiene que ayudar en la organización, no reprimir. No pueden pegar y tratar de dividir a la gente y después querer censarla. El gobierno tiene que hacer un relevamiento que no puede ser violento. Nosotros hemos podido organizar cartoneros y cinco polos textiles con costureros que en algún momento pasaron por textiles clandestinos. No es cierto q no se pueda trabajar en buenas condiciones, con un monotributo social.”