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Buenos Aires, de remate

Por Jorge Repiso

LECTORES@VEINTITRES.COM

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Negocios oscuros. La Legislatura autorizó la venta de 10 valiosas hectáreas en Retiro para financiar el Paseo del Bajo sin pasar por el Congreso Nacional, que es quien por ley debe decidir sobre esas tierras. 

Se está haciendo costumbre el hábito de levantar la mano para aprobar ventas de bienes públicos. Nuevamente, la mayoría de los legisladores de la ciudad de Buenos Aires dijeron sí a un proyecto de ley que promueve rezonificaciones y remates. Este es sólo uno de los puntos discutibles de una asociación civil de abogados que asegura que, según la Constitución Nacional, no es potestad de la Legislatura aprobar la venta de propiedades muebles e inmuebles nacionales.

 

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debe estar contento. Un viejo anhelo, la autopista ribereña que iría a descomprimir el tránsito pesado, podrá comenzar su construcción. El llamado Paseo del Bajo es una obra de 6 kilómetros de extensión que va a correr bajo nivel y en paralelo con el barrio de Puerto Madero, conectando la autopista La Plata-Buenos Aires con la Illia.

 

 

La obra, cuya realización no es nada sencilla, ya se adjudicó a tres empresas constructoras, incluso antes de saberse si podría contarse con los 670 millones de dólares provenientes de la venta de parcelas y préstamos bancarios. El financiamiento provendría en parte desde el Banco de Desarrollo de América Latina, que va a aportar 400 millones. El resto del dinero necesario será desembolsado por felices propietarios dispuestos a desembolsos millonarios que luego multiplicarán.

 

El Gobierno de la Ciudad firmó un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Transporte de la Nación para que a través de la Legislatura se disponga la rezonificación de una extensa porción de tierra en las proximidades de Retiro. Finalmente, el pasado 9 de marzo y en segunda lectura, la Legislatura aprobó el proyecto de Ley 3881-J-2016 autorizando aquel pedido para la venta de 9 hectáreas en el área denominada Catalinas Norte 2, delimitada por la avenida Antártida Argentina, la calle San Martín, la avenida Madero y la calle Cecilia Grierson, un extenso perímetro donde hoy funcionan negocios con permisos precarios y vías de maniobras del ferrocarril portuario.

 

Se estima que el costo de las tierras ronda los 300 millones de dólares, monto que suena escaso si se tiene en cuenta que pueden edificarse 7 torres: 2 de ellas de hasta 62 metros de altura y las 5 restantes, de 139 metros de suelo a techo. Un empresario con propiedades en una torre vecina ya manifestó su intención de comprar la totalidad del predio, por el que estaría dispuesto a abonar una suma que va más allá de los 300 millones cotizados.

 

Legislatura. Hubo 42 votos positivos, 12 negativos y 3 abstenciones.

 

Como ya sucedió en el mes de febrero y a raíz de un proyecto similar que habilitaba la enajenación de 53 inmuebles, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad salió a discrepar con argumentos técnicos y jurídicos una maniobra repetida. El Decreto Ley 22.423 dictado por el pasado gobierno militar daba luz verde a la venta de inmuebles por parte del Poder Ejecutivo. Para el Observatorio, la norma está vencida desde 2010 y el macrismo se sigue agarrando de ella para no pasar por el Congreso Nacional, que es el que debe autorizar en cuanto a bienes nacionales.

 

En noviembre de 2016, Mauricio Macri habilitó disponer de los terrenos mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad ubicó su protesta en el negocio financiero que se avecina, por lo que juzga innecesario el endeudamiento con los bancos que pagarán los vecinos de la ciudad al mismo tiempo en que el valor del suelo de los privados va a verse aumentado, sin contar con los beneficios de un magnífico negocio inmobiliario. También cuestiona el negocio de la obra pública. Se autorizó la rezonificación de las hectáreas tiempo después de adjudicar la construcción de la autopista, una de cuyas empresas participantes es IECSA, hoy involucrada en el escándalo de las coimas de su par brasileña Odebrecht. Franco Moccia es al actual ministro de Desarrollo Urbano. Carlos Colombo, secretario de Planeamiento Urbano. Agustín Forchieri es diputado por la Ciudad del PRO, y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Los tres fueron invitados por Veintitrés para emitir sus opiniones desde el oficialismo, pero no respondieron. Todo indica que con el transcurrir de los meses habrá más novedades. La venta de otras joyas de la abuela perece no tener fin.