Juicios por delitos de lesa humanidad: todo está peor

Por Andrés Klipphan

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Derechos humanos. Un informe de la procuraduría revela que la mayoría de los imputados están en libertad, que se flexibilizó "la domiciliaria" y todo, en general, está más lento. La situación se agravó con la llegada de Macri y Garavano.

Polìtica y justicia. Garavano, Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

 

La mayoría de los militares imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar en la Argentina están en libertad. Una situación que, según el fiscal de Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que desde el año 2007 está a cargo Jorge Auat, se agravó con la llegada de Cambiemos al poder y el pedido del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de sacar de las prisiones a los detenidos mayores de 70 años.

La intención que tendrían Mauricio Macri y Germnán Garavano sería “colonizar” el Ministerio Público, a cargo de Alejandra Gils Carbó, para justamente disolver las fiscalías especiales, como la de Auat, y así poner en riesgo la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

 

Jorge Auat. A cargo de la unidad fiscal especializada.

 

Los juicios, hasta ahora, se sostienen por el encomiable compromiso de un puñado de fiscales, quienes desde la gestión de Esteban Righi en adelante deben luchar no sólo con los cambios de ideologías impartidas desde la Casa Rosada, sino de los propios jueces que, sobre todo en el interior del país, son proclives a dormir los expedientes abiertos por violaciones a los derechos en los ex centros clandestinos de detención y flexibilizar al máximo posible la situación procesal de los represores imputados.

 

Números contundentes. Al 2 de marzo de 2017 –fecha del último relevamiento– el 41% de los imputados por crímenes aberrantes, es decir 1.149 personas, caminan por las calles cruzándose quizás con familiares de sus víctimas.

El 38%, en cambio, 1.044 imputados, están detenidos. Pero en estos casos hay que puntualizar lo siguiente. “Detenidos” no significa que pasen sus días en una cárcel común. Muy por el contrario. 518, es decir más de la mitad, tienen arresto domiciliario; 455 están alojados en el Servicio Penitenciario y el resto figuran bajo la categoría “otros”.

Tal como lo revela el informe al que accedió Veintitrés, bajo “otros” están enrolados, por ejemplo, 6 casos de personas que están detenidas en dependencias de las fuerzas de seguridad federal; otros 6 imputados, en dependencias de las Fuerzas Armadas, donde ellos mismos revistaron, y otras “53 personas que desde diciembre de 2016 se encuentran detenidos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal”, una suerte de híbrido con dependencia funcional del SPF pero ubicado en el predio militar de Campo de Mayo, en la órbita del Ejército.

Ya en el último informe de 2016, Auat alertaba “sobre el traslado de los detenidos a esa dependencia que ya había sido clausurada por problemas de seguridad”.

En el informe de marzo de 2017, la Procuraduría va más allá y asegura que la llegada de Macri al gobierno posibilitó “el avance de las causas y que éstas ingresaran finalmente a un cuello de botella que impide un avance más veloz”.

 

Cambiamos. Desde abril del año pasado, o sea a cuatro meses de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, su ministro de Defensa, Julio Martínez, ordenó que los ex uniformados  detenidos por causas de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares.

Esta prohibición la había impartido el entonces ministro de Defensa del gobierno anterior, Agustín Rossi, luego de que los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, se fugaran del Hospital Militar Central el 25 de julio de 2013.

El 20 de mayo de 2015, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de quienes habrían colaborado con el escape de los represores: ellos fueron el director principal de Seguridad del SPF, Carlos Rodríguez; el director de Traslados, Jorge Trska, y el subdirector del área, Alejandro Humberto Galeano, además del jefe de División de Traslados, Ariel Maciocha, y los jefes de Sección y responsables de Traslado y Custodia de Hospitales, Diego Gutiérrez y Héctor Alcaraz.

El 31 de enero de este año, es decir casi cuatro años después de la gran fuga, el equipo de investigadores a cargo del fiscal federal Franco Picardi detuvo a Olivera. Iba a encontrarse con su mujer, en el partido bonaerense de San Isidro, oculto en el baúl de un auto. Pero lo descubrieron porque la justicia había dispuesto la intervención telefónica de esa y otra líneas de su círculo más íntimo.

Meses antes, De Marchi había sido recapturado en el barrio porteño de Almagro.

A pesar de estos dos arrestos, el informe de la Procuraduría especial revela que aún hay 45 represores prófugos, esto es, el 2% de los imputados.

De los 37 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la llamada Megacausa Arsenales II de Tucumán, ya no queda ninguno en cárcel común. El último en ser beneficiado fue Ariel Orlando Valdiviezo. Este represor tiene 71 años y fue condenado en dos causas, en 2013, a 14 años de prisión por por asociación ilícita, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de diez personas.

Al año siguiente, en 2014, fue condenado a prisión perpetua por ser el autor material del asesinato de Osvaldo de Benedetti, secuestrado en 1978; sin embargo el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en agosto de 2016, lo envió a su casa.

“Es una persona que apenas tiene la edad legal mínima –para la prisión domiciliaria-, tiene 71 años. Goza de buena salud en líneas generales, no tiene nada grave. Y estaba detenido en el hospital penal de Ezeiza, por lo que su situación estaba contemplada”, declaró ante los medios en su momento el abogado querellante Pablo Gargiulo y agregó: “La evaluación que tengo respecto del otorgamiento de domiciliarias es que en líneas generales el criterio se ha vuelto más flexible, más elástico, desde la llegada del nuevo gobierno al poder. Hay como una tendencia a hacer una aplicación casi automática del beneficio; entiendo que hay un cambio de temperamento en este sentido para beneficiar a los genocidas”.

En diálogo con Veintitrés y consultado sobre este mismo tema, Emilio Guagnini , abogado de derechos humanos, señaló: “Observamos que hay una relación entre algunas resoluciones judiciales y el cambio político que vivió el país con la llegada de Macri al poder. Si uno observa algunas resoluciones, piensa que el Poder Judicial está reacomodándose de la mano de la nueva coyuntura política, cosa que es gravísima”.

Dato. Desde 2006 hasta marzo de 2017 se dictaron 175 sentencias a través de las cuales se dictaminaron 750 condenados y 77 absoluciones.

Entre tanto, el último informe también sostiene que “de los 2.780 imputados por el Ministerio Publico Fiscal desde la reapertura de los juicios, hace más de una década, 794 se encuentran procesados, esto es el 28%; 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos, y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos. Además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal”.

La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas con aquéllas, dando lugar a las que se denomina "megacausas". De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.

En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción, la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio. "El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz", evaluó la Procuraduría en el informe.

Es decir que los resultados, y a pesar de la garra que le ponen los fiscales acusadores, la maquinaria judicial y política, en términos porcentuales, parece haber conseguido que la mayoría de los represores estén en libertad o cómodamente mirando la TV o leyendo esta nota en sus casas o en los mismos cuarteles en los que supieron sembrar terror y muerte.