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Vicat, de los medios al juicio oral por encubrimiento en la causa AMIA

Por Revista Veintitres

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Está acusado de plantar pruebas falsas en la causa AMIA para involucrar a integrantes de la Maldita Policía bonaerense y desviar la atención de la denominada “Pista Siria”.

Por Andrés Klipphan

 

El juez federal Sebastián Ramos resolvió enviar a juicio oral y público al mediático ex comisario inspector de la policía bonaerense Luis Ernesto Vicat por "coacción" sobre efectivos provinciales para que declaren en contra de Juan José Ribelli, como parte de la maniobra para desviar la investigación del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos.


La resolución del magistrado de clausurar la etapa de instrucción, coincide con lo solicitado por la UFI AMIA, a cargo de Roberto Salum; el fiscal federal Ramiro González y las querellas. Para el juez en el expediente están probadas las presiones ejercidas sobre los policías bonaerenses que estaban detenidos para que declaren falsamente en contra el entonces comisario Juan José Ribelli, quien era jefe de investigaciones de la Brigada de Lanús, “como parte de una maniobra global de encubrimiento”.


En total fueron 14 los uniformados apresados por algún tipo de vínculos con la presunta “conexión local”, que le habría facilitado –a la célula terrorista iraní- la compra del utilitario que supuestamente se utilizó como coche bomba. Entre ellos Diego Barreda, Mario Barreiro, Anastasio Leal y Raúl Ibarra. Los dos primeros, ya habían sido exonerados de la fuerza por su relación con Carlos Alberto Telleldín, el reducidor de autos que le habrían vendido los policías de la bonaerense la camioneta Trafic usada en el ataque contra la mutual judía.


Es el mismo Telleldín quien recibió 400.000 dólares –que salieron de los gastos secretos de la ex SIDE- a manera de soborno por parte del primer juez de la causa, Juan José Galeano, para que involucrase, entre otros a Ribelli, en el tramo local del bombazo contra la mutual judía. 

 

En el requerimiento de elevación a juicios representantes del Ministerio Público Fiscal habían señalado en que los hechos imputados al ex comisario Vicat –uno de los investigadores del atentado- y a la abogadada Marta Nélida Parascándolo fueron ejercer, de modo reiterado, presiones sobre los agentes Alberto y Diego Barreda, Bautista Huici, Claudio Araya y Juan Roberto Maisú, con la finalidad de obtener declaraciones falaces en la investigación de la voladura, por entonces a cargo del juez Juan José Galeano. 

 

En ese sentido, hicieron hincapié en que, en todos los casos, las intimidaciones aprovecharon la posición de relativa vulnerabilidad de las personas afectadas -que se encontraban detenidas por orden del más tarde destituido juez Galeano- y fueron ejercidas con conocimiento y determinación, bajo la amenaza concreta de hacer pesar sobre ellas consecuencias sobre su libertad, trabajo, salud o dignidad.

 

Vicat, por su parte, habría intervenido en su carácter de Comisario Inspector de la Policía al frente del Área Especial que dependía de la Secretaría de Seguridad. En tanto que Parascándalo lo habría hecho en su rol de defensora particular. De hecho, Barreda, Huici y Araya estuvieron imputados hasta su absolución en 2004, dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 al término del primer juicio.

 

Asimismo, los fiscales destacaron que los hechos fueron cometidos en el marco de una maniobra global de desvío de la pesquisa, que habría sido elaborada desde la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que estaba a cargo del abogado Hugo Anzorreguy, para “embarrar la causa” sembrando pruebas falsas y desviar la investigación de la denominada “Pista Siria” tal como habrían sido los deseos del entonces primer mandatario, Carlos Saúl Menem.

 

El ex policía y abogado Vicat, se retiró de la “maldita policía” ante la llegada al ministerio de Seguridad bonaerense del jurista Carlos León Arslanian, después del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 cuando  se inició una profunda purga. Desde entonces se dedicó a la actividad privada. Se recibió de licenciado en seguridad. Se especializó en seguridad bancaria, en dar charlas sobre la materia y en aparecer en los medios de comunicación que lo convocaban como uno de los referentes en la materia.

 

Su llegada fluida a la prensa venía de su época de gloria, cuando trabajaba bajo el ala de la ex SIDE,  no sólo plantando la supuestas pruebas falsas por las cuales ahora será juzgado, sino esparciendo noticias falsas a los medios de comunicación según las necesidades del entonces gobierno de Menem, Anzorreguy y el por entonces no tan conocido espía Antonio “Jaime” Stiuso. 

 

De hecho durante el juicio por encubrimiento que se lleva adelante, también conocido como AMIA II, a semana pasada, Patricio Finnen, uno de los máximos jerarca de la SIDE abocados a la investigación de la AMIA, acusó a Stiuso de “desviar la investigación plantando sospechas sobre pistas falsas para involucrar a Ribelli y otros policía de la provincia de Buenos Aires”. Vicat desde La Bonaerense y Stiuso desde la SIDE, habrían sido parte de esas maniobras aseguró Finnen.