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Ricardo Lorenzetti iniciará acciones legales contra Elisa Carrió

Por Revista Veintitres

LECTORES@VEINTITRES.COM

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El presidente de la Corte Suprema demandará a la Diputada de la Coalición Cívica-ARI, quien lo acusó de tener vínculos irregulares con el PAMI. El Supremo magistrado le había dado 24 horas para retractarse. Al no ocurrir, resolvió accionar por la vía que mejor conoce: la legal y judicial. 

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, iniciará una demanda por “daños y  perjuicios” contra la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que realizó una nueva presentación judicial en contra del magistrado.



El enfrentamiento entre el juez del alto tribunal y la legisladora de Cambiemos sumó así otro capítulo, luego de que días atrás Lorenzetti le enviara una carta documento para intimarla y Carrió pidiera su juicio político en el Congreso.



Luego de que se cumplieran las 24 horas de plazo que le había dado para que se retractara de sus dichos, el presidente de la Corte Suprema empezó a preparar la presentación civil contra la líder de la CC, que efectuaría la próxima semana.



Lorenzetti incluirá en su escrito una respuesta a las acusaciones de Carrió por sus supuestos vínculos irregulares con el PAMI, rechazará tener filiación partidaria y recordará que en su momento fue investigado y sobreseído por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, publicó un matutino porteño.



En medio de la creciente tensión entre ambos, Carrió se presentó este viernes ante la Justicia para pedir que se  investigue si existieron operaciones económicas realizadas por el presidente de la Corte como miembro de la mutual Pyme Rural.



“Lorenzetti, quien integraría Pyme Rural desde abril de 2015, habría realizado operaciones con esta mutual por un volumen cercano a los 400 mil pesos”, subrayó la diputada  nacional.



El escrito fue presentado en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini de Cubría, a quien también el supremo le envió una carta documento para pedirle una rectificación de sus dichos.



La magistrada tiene a cargo una investigación que intenta averiguar si el presidente del máximo tribunal era parte de un grupo de cooperativas involucradas en el cambio de cheques del Fútbol para Todos.



“Según se me ha informado, entre las principales operaciones realizadas por la mutual que integraría el presidente de la Corte, se encuentran las realizadas con las siguientes personas  jurídicas: Tita SA.; Sanatorio Moreno SRL.; Asociación Mutual  Abril Rosario; Asociación de Clínicas y Sanatorios del  Departamento de Castellanos; Clínica de la Ciudad SA. y Rafaela  ACE. Solo las operaciones de estas personas jurídicas sumarían  en total más de 100 millones de pesos”, afirmó Carrió.



Ante la Justicia, reclamó que “se arbitren los medios para  que se realice un allanamiento a las oficinas de las personas  jurídicas Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito  y Consumo Amigal Limitada, la Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo El Zonda Limitada, y Agropecuaria Monte León S.A., a  los efectos que se secuestren actas directivas, actas de asamblea, balances y registro de operaciones realizadas”.



También solicitó a Servini de Cubría que “se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)  que informe respecto de toda la información que tenga en sus  registros de operaciones de cualquier tipo, ayuda económica y/o  captación de ahorro correspondiente a los años 2014, 2015, 2016  y 2017 así como tambiÚn la obtenida por cualquier otra fuente  de la Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, y la Cooperativa Agropecuaria Y De  Consumo El Zonda Limitada”.



“Es de extrema gravedad que el presidente de la Corte Suprema pudiera integrar una mutual que se encuentra involucrada en el manejo del cambio de cheques del Fútbol para Todos, por eso requerimos a la Justicia que trabaje para echar luz sobre este tema”, enfatizó Carrió.



A su entender, “esto es consecuencia de la falta de  transparencia en el patrimonio de los jueces de la Corte”.

 

“Esta falta de transparencia se debe a que la Corte decidió excluirse de la Ley de ética Pública y recorta la información que debe dar a publicidad”, agregó la líder de la Coalición Cívica.