"La democracia necesita de una Justicia garantista"

Por Revista Veintitres

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El abogado especializado en temas de derechos humanos Guido Croxatto advierte sobre los retrocesos en la materia y remarca que es una falsedad la antinomia garantismo-antigarantismo. Y remarca que de los presos, la sociedad se preocupa sólo cuando salen en libertad.

Guido Croxatto, abogado especialista en Derechos Humanos, becario del Coniet  y la OEA y profesor visitante en Alemania, en la Freie Universität de Berlín en Teoría de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, repasa en esta entrevista el presente político argentino, la reforma del sistema político y el rol de la Corte Suprema. 

¿Qué cambios percibís en el funcionamiento de la Corte Suprema con su nueva composición?

En los últimos fallos estamos viendo a la Corte Suprema actuar como un actor político. Antes existía de parte de muchos sectores el reclamo de una Corte “independiente“ pero ahora ya no se le pide eso sino que, como dijo el minisitro de Justicia, Germán Garavano, aporte a la “gobernabilidad“. Hay que prestarle mucha atención a estos eufemismos y cambios de palabras porque esconden más que lo que dicen. Con el nuevo escenario, la Corte ya no se asume como “independiente“ sino que “co-gobierna“. De allí que el presidente Mauricio Macri se distancie rápidamente de la denuncia de Elisa Carrió a Ricardo Lorenzetti. Porque Lorenzetti (presidente de la Corte) se adapta rápidamente a los pedidos de la Casa Rosada. 

 

La Corte modificó el criterio de permanencia, reconociendo el límite que marca la Constitución de 75 años. ¿Cómo lo interpretás?

Carlos Fayt fue un juez centenario que era un “ejemplo de civismo“. Ahora que falleció y ya no hace falta opositores acérrimos al gobierno sino jueces que aporten a la gobernabilidad se plantea subrepticialmente una colonización de la Justicia, dando rápidamente de baja a todos los magistrados mayores de 75 años. Es un recurso para echar jueces díscolos y colocar en su lugar jueces amigos. Tampoco se escucha a los republicanistas defensores de Fayt alzar la voz contra una medida que, si se hubiera tomado en la pasada administración, en seguida muchos actuales funcionarios habrian dicho que se afectaba la independencia y la integridad de los magistrados, amedrentando a la justicia. Este doble estandar político es pernicioso para la democracia. Tambien para el funcionamiento de la Justicia. 

 

Precisamente hubo un cambio en la jurisprudencia de la Corte, en otro plano, en el plano de los derechos humanos, con el fallo Fontevecchia.

Claro. Son muchos retrocesos, pero responden todos a un mismo giro político, el desmentamiento progresivo del sistema interamericano de derechos humanos no es pues un accidente. Revela en toda su dimensión la acción coordinada de distintos poderes del Estado argentino para avanzar en el recorte de derechos económicos y sociales, esto es, en la gradual limitación de la políticas públicas en materia de derechos humanos, tanto en temas de lesa humanidad como de derechos sociales y culturales, cuya operatividad será, a partir del fallo Fontevecchia, cada vez más dificil. Es un punto de inflexión coordinado y grave que deja en evidencia la poca independencia de nuestra Suprema Corte. Su estrechez de miras y su renuncia a ejercer de contrapeso del poder político de turno. Los jueces actuales no dan muestras de independencia. No tenemos una justicia independiente. 

 

El gobierno propuso una reforma del sistema penal juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años...

De vuelta, un gobierno que propone recortar derechos sociales, criminalizar jóvenes, recortar derechos a los trabajadores, priorizar el pago de una deuda externa ruinosa e ilegítima, como dijo Atilio Alterini, tiene que deslegitimar el sistema interamericano, naturalmente orientado a defender los derechos y garantías básicos de los sectores más vulnerados de la sociedad. 


El crimen brutal de Micaela cometido por un preso que recibió un beneficio de parte de un juez penal volvió a encender el debate garantismo y antigarantismo.

En rigor, es una falsa antinomia, un problema muy mal planteado, un falso debate. El garantismo no es sino la defensa lisa y llana de las garantías que figuran en nuestra Constitución. No otra cosa. Si ser garantista es defender las garantias que configuran el pilar central indubitable del Estado de Derecho, entonces defender la democracia es necesariamente defender las garantías. Distinto es el caso de un juez que actúa incorrectamente, con el argumento o la postura que fuere. Pero hay mil casos de prisión preventiva inconstitucional, que son muy graves y eso no se dice. No aparece en los medios. Pero viola de modo grave y directo nuestra constitución. Esa violación no se menciona. Porque de alguna manera, a nadie le importan las personas que están presas. Solo importa “cuando salen“. Pero precisamente allí está el nudo del problema: si no nos importa "cuando estan presos“ (y cómo están presos, en qué condiciones, bajo qué tratamientos, con qué expectativas), luego no nos podemos sorprender de que salgan peor que como entraron. 


¿Como se resuelve?

El garantismo lo que propone es que en vez de más cárceles que no funcionan para nada, el Estado invierta decididamente en educación, salud pública, hospitales: en más derechos. No menos. El combate a la inseguridad pasa precisamente por aumentar y reconocer cada vez más garantías. No por su recorte. Recortar garantías y derechos humanos no conduce a una sociedad más segura.  Recortar derechos no es un camino seguro para una democracia. 

 

Amnistía Internacional acaba de advertir en su informe anual que América Latina es la región con mayor violación de derechos humanos del mundo

No me sorprende. Argentina se suma hoy a esa tendencia. Lo penoso es que Argentina hasta hace poco tiempo estaba en un camino distinto, de creciente apoyo internacional. Era un país reconocido internacionalmente por sus políticas públicas en áreas de derechos humanos, de respeto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de promoción de la memoria, la ciencia, la cultura. un país que proponía en la ONU y demás foros internacionales, rediscutir el accionar ruinoso de los fondos buitre, cuyas prácticas predatorias afectan a muchos países en vías de desarrollo, sobretodo en Africa. Hoy todo ese esfuerzo está amenazado. 

El ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni propone un avance al parlamentarismo

Estoy de acuerdo.El parlamentarismo permite atravesar mejor las crisis de legitimidad que el sistema hiperpresidencialista solo acentúa. Las crisis de los partidos argentinos, que viene de 2001, no está resuelta. Sigue vigente. El presidencialismo no puede funcionar con esta crisis de los partidos. La crisis de los partidos de 2002 aun está sin resolver, y eso supone un enorme problema para el hiperpresidencialismo, que depende de ellos para alcanzar cierto equilibrio, que hoy no se ve. La alterantiva a la reconstrucción de los partidos, es pasar, en un contexto fuertemente atomizado, a un sistema distinto, que aproveche de algun modo esa amalgama de voces no representadas: el parlamentarismo.