El Gobierno no acierta con la política de precios

Por Pablo Galand

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Inflación no controlada. En marzo, los productos comestibles subieron por encima del Indice de Precios global. El gobierno recurre a la política monetaria como única herramienta antiinflacionaria, sin tener en cuenta el carácter monopólico del sector. 

Casi como un rezo, el presidente Mauricio Macri y sus ministros repiten que “la inflación está bajando”. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor del Indec con respecto al mes de marzo marcó 2,4% y para el primer trimestre del año la inflación ya trepa al 6,29%. De seguir esta tendencia, la inflación de 2017 superaría el 25%, muy por arriba de la meta del 17% que se fijó el Banco Central. Pero lo que surge como un dato preocupante es que en el caso de los alimentos, la suba global fue del 3%.

 

El dato está evidenciando varios fenómenos. Por un lado, que la suba de precios no obedece solamente a cuestiones coyunturales como el aumento de tarifas, tal como lo plantea el Gobierno. Por otro, está demostrando que la inflación pega en mayor medida en los sectores de menores recursos, ya que dedican la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y bebidas. Por último, demuestra que la herramienta elegida por el Gobierno para bajar la inflación –basada exclusivamente en la política monetaria que lleva adelante el Banco Central– no está dando resultados.

 

Para Jorge Carrera, ex subgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central, resulta llamativo que con el tipo de cambio planchado y a la baja, los precios de los alimentos sigan aumentando. “Así como en una devaluación los alimentos son un sector sensible para la suba de precios, cuando hay una apreciación de la moneda tendría que darse el efecto contrario. No es lo que está pasando”, afirma.

 

El economista sostiene que pueden haber influido factores climáticos para la suba pero también señala dos fenómenos que se dan en el rubro de los alimentos:  la fuerte concentración en la cadena de producción y en la de comercialización. “En los últimos quince o veinte años se dio un poder de fijación de precios muy grande no sólo en los productores de alimentos sino también en la cadena de comercialización a partir de la influencia de las grandes cadenas de hipermercados. Esto hace que fenómenos macroeconómicos, como sería la caída del tipo de cambio, no generen efecto en el desempeño de los precios de los alimentos”, afirma.

Martín Kalos, de la consultora Epyca, observa que “alimentos y bebidas es uno de los sectores en los que la capacidad instalada no cayó tanto como otros”. Con lo cual, entiende que el sostenimiento de la demanda les permite a las empresas seguir aumentando los precios porque la caída de ventas no es tan abrupta.

 

Carrera insiste con la estructura monopólica que se da en la producción y en la comercialización de los alimentos y sostiene que esta peculiaridad hace que las empresas trasladen a precios las subas de los servicios públicos. “A diferencia de otros sectores más atomizados en los que hay mas competitividad y por lo tanto se espera ver qué hacen los demás para tomar una decisión, en el rubro alimenticio pueden aumentar por ejemplo un 3% del producto para amortiguar las subas del 30 0 40% de la luz y el gas. Esto lo pueden hacer solamente en un contexto donde tienen cierto poder de monopolio”.

 

La respuesta inmediata del Banco Central, apenas conocido el dato de la inflación de marzo, fue subir la tasa de interés. Una decisión que no sólo afecta la recuperación de la actividad sino que además hasta el momento no dio grandes resultados en materia inflacionaria. Para el economista Marcos Leonetti hay un error conceptual del Banco Central con el manejo que hace de las tasas. “Todas las políticas monetarias tienen un delay desde que se toma la decisión hasta que se ven los resultados. Por lo tanto, que se suba nuevamente la tasa de interés porque se aceleró la inflación en febrero y marzo refleja un desentendimiento de este delay. Suponiendo que la inflación se resuelve sólo desde el lado monetario, las tasas en seis meses no tendrían que haber bajado para que no pase lo que está pasando ahora. Hay muchas inconsistencias en la práctica frente a la teoría que la da sustento a este tipo de visiones”, afirma Leonetti.

 

Kalos entiende que el factor político condiciona al Gobierno a no llevar a fondo la política monetaria que pretende. “Para ser restrictamente fieles a lo que plantea Federico Sturzenegger –titular del BCRA– hay que achicar el déficit y de esa manera dejar de emitir. Pero no pueden reducir el déficit porque se trata de un año electoral. Una parte de ese déficit lo financian con deuda y otra con emisión monetaria. Pero no lo hacen por un tema de descoordinación entre el Central y el equipo económico sino por una decisión política de evitar perder las elecciones de octubre”.

 

Para Carrera, el empecinamiento del Gobierno en sostener la meta de inflación del 17% está generando un costo muy alto. “Los inversores observan que el Gobierno prometió una inflación de entre el 12 y el 17% y que posiblemente esté entre seis y siete arriba. Pero además, por  empecinarse para cumplir con esa meta hundió innecesariamente la economía un año más. El Gobierno a veces calcula algunos costos con tanto detalle, como por ejemplo lo que se pierde por un día de paro, pero no tiene en cuenta cuánto le cuesta esta recesión innecesaria que le generan a la economía argentina solamente por querer cumplir una meta que estuvo mal fijada”, concluye.

 

Una inflación que no cesa y la actividad que no arranca. Un cóctel explosivo que el Gobierno no logra desactivar.