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Lobbistas a la vista de todos

Por Jorge Repiso

LECTORES@VEINTITRES.COM

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Proyecto de ley. Puntos a favor y en contra de la propuesta para regular la actividad de lobby, que ingresó a la Cámara de Diputados.

De aprobarse en el Congreso, la actividad de los lobbistas va a abandonar las penumbras del cabildeo. Un proyecto ingresado a la Cámara baja busca regular el accionar de los operadores en consonancia con leyes que ya rigen en países del Primer Mundo y unos pocos de Latinoamérica como Perú, México y Chile. La iniciativa llamada Ley de Gestión de Intereses pone énfasis en los poderes del Estado que serían alcanzados, la autoridad de aplicación y un registro de audiencias y de lobbistas, entre otros puntos. El tema ya había sido abordado en un artículo del decreto de Acceso a la Información Pública, pero limitado solamente a la órbita del Poder Ejecutivo. El proyecto firmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, argumenta que “resulta necesaria a efectos de ampliar el campo de acción en la materia y prever controles definiendo como gestión de intereses a la labor destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.

 

Veintitrés se contactó con fundaciones y ONG abocadas a la política y la Justicia para que dieran a conocer observaciones y posibles correcciones. Dos de ellas se dedicaron a leerla y emitieron sus opiniones. “La propuesta se encuentra dentro de los parámetros, aunque ya estaba contemplada en anexos del Decreto 1172/03”, dice Germán Emanuele, que es director de Justicia y Acción Ciudadana de Poder Ciudadano, quien agrega que la aprobación “favorecería el contacto funcionario y ciudadano o, mejor dicho, entre representante y representado. Siempre sostuvimos que debía aplicarse a los tres poderes y, en este caso, el proyecto ampara esa posibilidad. Con lo que no estamos de acuerdo es con el registro de lobbistas porque de esa manera un gestor podría adjudicarse ese rol en nombre de otros”.

 

Para Agustina De Luca, “en términos generales, consideramos que el denominado lobbismo debe ser un acto legítimo porque los grupos de interés son varios en su rol de influir y deben ser regulados. Las pautas tienen que ser claras ya que, de lo contrario, sólo los grandes actores terminarían teniendo capacidad de maniobra. La norma pretende brindar un piso de uniformidad, y para eso hay un artículo que habla de la igualdad de trato, lo que es muy importante”.

 

De Luca es directora de Transparencia de la Fundación Directorio Legislativo. Así como describió los puntos a favor de la ley, enumeró artículos que deberían objetarse. “Creemos que la confección de un registro de audiencias es una buena intención aunque lo ideal sería la actualización diaria o semanal, publicando también los pedidos de audiencia. Habría que registrar las entradas de llamadas telefónicas y correos electrónicos porque, en ese punto, el texto no es específico. En cuanto a una nómina de lobbistas, no nos parece apropiado porque de todas formas, quien quisiera hacer lobby podría hacerlo por afuera”.

 

El artículo sexto lista a funcionarios que se encontrarían entre los sujetos obligados por la ley. En el ámbito legislativo, los diputados y senadores, funcionarios de ambas Cámaras con rango no inferior a director, los asesores, el presidente de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Procurador Penitenciario. Dentro del Poder Judicial; los magistrados, los secretarios y funcionarios con rango equivalente o superior y los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. El presidente y el vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales, los rectores y decanos de universidades nacionales y el síndico general de la Nación integran la extensa lista que compone el Ejecutivo.

 

Las entrevistas laborales y las personas que soliciten audiencia por asuntos privados –salvo que estas involucren cuestiones económicas de importancia para el interés público– figuran como las gestiones excluidas del proyecto. “La Ley de Acceso a la Información era deficiente y luego, en el trabajo del Congreso, se mejoró mediante recomendaciones nuestras” añade De Luca, que confía en que las comisiones de trabajo van a pulir el texto que, por ahora, se encuentra en bruto y es muy general.