¿Qué pasa si gana Cambiemos?

Por Marcelo Zlotogwiazda

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Qué chances tiene el Gobierno de llevar a cabo un severo ajuste fiscal tras los comicios. 

Ajuste. Tanto Macri como Frigerio calificaron como "insostenible" el déficit.

 

A tres meses de las primarias y a poco más de cinco de la elección general, comienza a perfilarse que el oficialismo no va a tener muchos argumentos para basar su campaña en la economía. En el mejor de los casos, un pequeño rebote en el nivel de actividad, la recuperación de algo de lo que viene perdiendo el poder adquisitivo y una leve mejora en el empleo, le podrán servir para atajar críticas. Pero no para seducir votantes.

 

Ante ese panorama, el oficialismo intensifica la estrategia de polarizar con su principal adversario, al que querría lo más kirchnerista posible. A falta de logros propios para convencer, el recurso de la comparación puede llegar a ser eficaz para retener una porción considerable de los que en el 2015 votaron en contra del gobierno anterior. Confirma la definición que hace Martín Rodríguez del macrismo como el partido del antikirchnerismo.

 

La estrategia electoral no se agota en la polarización. Otro elemento central es la obra pública que el gobierno se encarga de propagandizar en la profusa campaña bajo el eslogan Haciendo lo que hay que Hacer. En ese sentido, la inauguración del Metrobus de La Matanza fue un hecho de gran simbolismo, que buscó asociar la gestión presidencial con la que fue la obra más valorada y característica de la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. A modo de alegoría, el periodista y politólogo José Natanson escribió hace poco que el Gobierno nacional necesitaba un Metrobus para rellenar un poco su falta de impronta.

 

El giro discursivo y práctico hacia políticas de orden también es parte de la estrategia. Los episodios de desalojo con uso de violencia limitada en la Panamericana el día del paro y en la Plaza del Congreso con la instalación de la escuela itinerante, y las iniciativas para endurecer las leyes penales y regular los piquetes, satisfacen reclamos y consolida la adhesión de un sector de la sociedad que nutre el núcleo duro del votante macrista.

 

Y si bien en economía no tienen mucho para mostrar, el gobierno confía en poder usar como bandera electoral la desaceleración de precios que espera para los próximos meses. Esa es una de las razones por las que Macri respalda y blinda de críticas a Federico Sturzenegger con su política de anteponer la reducción de la inflación a cualquier otro objetivo.

 

Es también la razón que explica por qué el oficialismo vive como triunfos las paritarias que cerraron en torno del 20 por ciento, como Comercio, UOCRA y estatales. Son acuerdos que claramente contribuyen a moderar la inflación pero que minimizan la posibilidad de que la expansión de la masa salarial empuje la reactivación.

 

El informe mensual de Contexto que se difundió esta semana sostiene que dado el estado de las negociaciones paritarias de los gremios con mayor representación y la magra dinámica del empleo, “por ahora no parece que el consumo privado vaya a impulsar el crecimiento”. La consultora está pronosticando que el salario promedio del año será un 25 por ciento mayor que el de 2016, equiparando el alza de los precios, es decir sin mejora en el poder adquisitivo. Proyectan un crecimiento anual de entre el 1,7 y el 2,3 por ciento, que no alcanzaría ni a compensar la caída del PBI per cápita del año pasado.

 

No son pocos los que están convencidos de que si el gobierno no aplicó hasta ahora una política de shock fue por su debilidad de origen y para no complicar su chance en la próxima elección, pero que si la estrategia le da buenos resultados en octubre, va a aprovechar el mayor margen político para encarar un fuerte ajuste fiscal y achicar el déficit. Esos temores se alimentan, por ejemplo, de las declaraciones que formularon días atrás Macri y su ministro Rogelio Frigerio, que en ambos casos calificaron de “insostenible” el actual nivel de déficit.

 

No hay ninguna duda de que el Gobierno se propone achicar el déficit. Entre otros motivos, porque cree que la única manera de financiarlo es a través del endeudamiento y sabe que para mantener abierto el acceso al crédito externo a tasas razonables necesita mostrar que el déficit se va achicando para que la deuda no suba hasta niveles que los prestamistas consideren peligrosos.

 

Lo que no es para nada seguro es que aun si lograra un triunfo electoral el Gobierno se lance a un ajuste muy severo. Hay tres motivos para dudar. El primero es que Hacienda tiene como meta ir reduciendo el déficit en forma gradual, a un ritmo equivalente a un punto porcentual del PBI por año, a partir del 4,2 por ciento con que esperan cerrar el 2017.

 

Otro motivo para dudar es la inmensa dificultad que tendría el Gobierno si quisiera acelerar el ajuste fiscal. Por un lado, considerando que la alternativa de achicar el desequilibrio presupuestario por la vía de aumentar ingresos está totalmente fuera del radar oficial, la posibilidad de cortar drásticamente gastos está muy acotada por la rigidez de las partidas más gravitantes, como salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Además, la efectividad de un ajuste fiscal requiere que sea social y políticamente viable.

 

En tercer lugar cabe preguntarse: ¿si la elección de medio término disuadió al gobierno de ser más extremo, por qué habría de cambiar si a los dos años va a participar de una elección presidencial?