Los palacios y la calle

Por Gabriela Granata

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La política se alinea con la sociedad que rechaza beneficios a quienes cometieron delitos de lesa humanidad

Como pocas veces, el Congreso recogió el guante del malestar social y en tiempo récord decidió sancionar una ley para limitar el alcance del fallo que computó doble los días de detención sin condena para los genocidas. Hasta tuvo el gesto inusual de adelantar un día la sesión para que la aprobación estuviera completa antes de la movilización a Plaza de Mayo.

 

El Gobierno tuvo un camino un poco más sinuoso. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, respaldó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el 2x1 a un genocida. A los pocos días empezó a ver cómo los propios dirigentes del Pro le daban las espalda, al punto de que uno de los principales referentes del Senado, Federico Pinedo, fue el que impulsó la ley para limitar la aplicación. Saldría luego el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el mismo sentido.

 

La Casa de Gobierno y el Congreso quedaron así lejos del tercer palacio republicano. La Corte Suprema, que pasó del prestigio de la renovación  a las salpicaduras del barro, quedó muy lejos del contrato social firmado en los últimos años. Y de la sensación térmica que tan bien había manejado y que el Gobierno de Cambiemos parece haber recuperado poniéndose en la vereda de enfrente del fallo. 

 

El macrismo ya atravesó un marzo cargado de movilizaciones masivas, calles rebosadas de ciudadanía, que se convirtieron en actos de repudio a sus políticas. Es probable que haya medido que no era conveniente convertir mayo en otro marzo.