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Por Jorge Repiso

LECTORES@VEINTITRES.COM

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Desde su asunción, el Gobierno aplicó recortes sobre planes y programas destinados a la ayuda de los más vulnerables. 

El Gobierno nacional continúa pasando la podadora sobre los presupuestos de programas diseñados para llegar a las clases más necesitadas. Directa o indirectamente, los recortes gravitan en áreas donde se siente el perjuicio con tan solo aplicar una quita de un millón de pesos.

 

Ocurrió desde los primeros días de la administración Macri y sigue pasando, como es el caso del descenso de rango de la ex Secretaría de Agricultura Familiar, hoy subsecretaría. En el mes de mayo, un decreto estableció el nuevo organigrama dentro de la cartera de Agroindustria, dependiente del Ministerio de Agricultura al mando de Ricardo Buryaile. Agricultura Familiar pasó a fusionarse con la subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y terminó confirmando lo que todos preveían: el perfeccionamiento de un ajuste que se vislumbró en 2016 cuando quedaron afuera 160 trabajadores. Todo dentro de un contexto de acefalía, ya que su responsable, Jorge Aliotti, se alejó de la dirección en octubre al no estar de acuerdo con los recortes. Desde ahora, el programa  que asesora y ayuda a las familias con pocas extensiones de tierra y producción específica a lo ancho del país va a procesarse a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

 

Hay escepticismo: el INTA deberá arreglárselas con 1.200 millones de pesos menos, pero no es el único organismo que verá manos dinero en sus arcas para funcionar. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contará con 748 millones de pesos menos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en 467 millones y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en 941 millones menos.

 

“Nuestra función es el acompañamiento técnico y social sobre pequeños productores en agricultura y ganadería, además del apoyo en los aspectos organizativos. También, contamos con una línea de financiamiento productivo, sea por medio de préstamos para insumos o por subsidios, y es ahí donde más se notan los recortes”. Natalia Morales es delegada del programa en la provincia de Jujuy, donde unas 8.000 familias son beneficiarias.

 

En 2014 se sancionó la Ley de Reparación de Agricultura Familiar pero hasta la fecha no fue reglamentada. “A través del sindicato ATE queremos remontar la situación reincorporando a los técnicos despedidos en toda la Argentina y demandando más fondos”.

 

La agricultura familiar es importante para el desarrollo de las economías de las comunidades rurales e indígenas. Representa a 250 mil establecimientos de los que dependen un número cercano a las 2 millones de personas, lo que significa un 65% de las familias que viven y trabajan en el campo.

 

En la provincia de Catamarca, el programa llega a diversos rubros de la producción como el olivo, los nogales, la ganadería y forrajería. “Las autoridades llegaron a decir que no habrían más recortes pero no es así. Hoy existe un total de 1.300 empleados que son los que cubren el total de provincias”, explicó Melina Zocchi, delegada catamarqueña.  

 

        Plan Progresar. Tres millones de jóvenes no van a terminar sus estudios.

 

Por lo que se ve, los lápices se afilan para achicar costos sobre iniciativas destinadas a los sectores vulnerables. El programa Progresar que depende de la Anses es uno de los tantos ejemplos: se trata de un plan que alcanza a jóvenes entre los 18 y  24 años de edad que trabajan de manera informal, no trabajan, o perciben salarios por debajo del mínimo vital y móvil a los que se les asigna un monto mensual para que puedan completar sus estudios. Se calcula que el recorte del 38% estipulado en el presupuesto perjudica o excluye a poco más de 3 millones de jóvenes, ya que de los 9 mil millones de pesos con los que se contaba, ese monto descendió a 5 mil millones y medio de pesos.

 

En febrero de 2017, el gobierno dio de baja al Plan Remediar que llegaba a 15 millones de personas sin obra social a través de un botiquín con 75 medicamentos, cubriendo el 90 por ciento de las consultas en los centros primarios de salud. Reemplazado por el llamado Cobertura Universal de Salud (CUS), desde su anuncio en febrero de 2016 cosechó fuertes críticas porque a partir de allí los pacientes debían desembolsar el 40% y hasta el 60% del valor de los medicamentos, y más teniendo en cuenta que éstos aumentarían progresivamente hasta un 170% por efectos de la inflación.

 

El ministro de Salud, Jorge Lemus, prometió hablar con cada provincia para que sean ellas las que instrumenten el programa y acaba de anunciar una licitación internacional para la adquisición de medicamentos, aunque nada de lo nuevo va a ser como Remediar, un salvavidas que mitigó dolores protegiendo a los que menos tienen desde su implementación durante la crisis del 2002.

 

En 2016 hubo 322 muertes vinculadas a femicidios en el país y en lo que va del año según las estadísticas muere una mujer por día. En medio del desastre, el gobierno decidió recortar 67 millones de pesos del total destinado a las políticas contra la violencia de género.

 

El presupuesto que se le asigna al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) se modificó sobre la marcha por una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de enero. En una nota concedida a un medio nacional, la presidente del CNM, Fabiana Tuñez, aseguró que se trató de un error.

 

“La mencionada disposición no refleja el presupuesto real de Consejo, el cual ha sido garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del Jefe de Gabinete”. Palabras más, palabras menos, resulta increíble que en medio del unánime reclamo por Ni una Menos, quien estampa una firma haya incurrido en esa falta, sea por ignorancia o por el afán de mezclar conceptos tan distintos como inversión y gasto. 

 

               Programa Remediar. Mauricio Macri lo discontinuó.

 

“No se está cumpliendo la Ley de Salud Sexual Reproductiva, que establece que el estado tiene la obligación de proveer insumos para prevenir el embarazo no deseado, y el Gobierno  no está distribuyendo preservativos por primera vez en 14 años”, declaraba el ex ministro de Salud, Ginés González García hace seis meses.

 

La situación no varió demasiado si se hila fino en algunas provincias donde tanto preservativos como insumos y medicación escasean o simplemente, no llegan. Datos del Ministerio de Salud de la Nación nos dicen que en 2016 se registraron 24.570 casos de mujeres con enfermedades de transmisión sexual, un 20% por encima de las cifras arrojadas en el ejercicio anterior. Casual o no, dicha cifra coincide con el 20 -y hasta un 30 por ciento- el recorte que se le aplicó al Programa de Salud Sexual con cobertura nacional.

 

Dádivas y beneficios para los grandes grupos económicos, exención de impuestos para cultivos en grandes extensiones de tierra. Medidas benefactoras que dictó un Gobierno desde su primer día mientras continúa haciendo cuentas y limando presupuestos escuetos que significan mucho para los que menos tienen.