La memoria de todxs

Por Ernesto Tenembaum

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La derrota del 2 x 1 es, también, la derrota de quienes se sienten dueños de la memoria.

En los primeros meses de 1987 se produjo un hecho poco recordado en la historia de la lucha para que los criminales de la dictadura fueran castigados. Antes de ese momento, ya se había editado el conmovedor informe de la Conadep, y se había realizado el histórico juicio a los ex comandantes de la dictadura militar. La Justicia había comenzado a restituir a los primeros niños desaparecidos. Pero la presión militar forzó al gobierno de Raúl Alfonsín a que aprobara la célebre ley de punto final.  Esa ley estipulaba que los represores que no estuvieran procesados ciento veinte días después de su aprobación no serían perseguidos nunca más. Ocurrió lo impensado: los juzgados trabajaron a destajo. Cuando se venció el plazo, los militares procesados eran cuatrocientos. El gobierno debió aprobar otra ley, la de obediencia debida, para parar los juicios.

 

Nadie sabe los nombres de los jueces que produjeron esa rebelión, como nadie recordará los de aquellos que esta semana negaron, uno tras otro, la aplicación del dos por uno. Pero uno y otro episodio tal vez sirvan para obtener un par de conclusiones. La primera es que no se ha reconocido cabalmente el aporte que el Poder Judicial, con todas sus limitaciones, marchas y contramarchas, realizó en el proceso de Memoria Verdad y Justicia. Se trata de un hecho histórico. De haber existido una resistencia o, simplemente, menor compromiso, no se le habría restituido la identidad a 122 niños, no se habría condenado a cientos de represores e, incluso, no se habría resistido en los peores momentos.


En los noventa, cuando se había impuesto el indulto, otros jueces hicieron un aporte histórico: los juicios de la verdad. Como no se podía juzgar a nadie, se les ocurrió iniciar procesos donde se intentara conocer la verdad de lo ocurrido: no habría condenas pero sí testigos y narraciones estremecedoras y citaciones a los sospechosos. Uno de los impulsores de la iniciativa fue Leopoldo Schiffrin, un juez cuyo prestigio académico y ético en el mundo del derecho trasciende las fronteras del país. Luego, Schiffrin incomodaría a los gobiernos siguientes, cuando respaldó en público la investigación de Alberto Nismann o cuando rechazó el primer aumento de tarifas de Mauricio Macri.

 

La segunda conclusión quizá sirva para entender la dinámica y la fortaleza del proceso de Memoria Verdad y Justicia que ha vivido la República Argentina. Los jueces que actuaron en todos estos casos no pertenecen a un partido político preciso, ni obedecen a una jefatura única. Al contrario, son emergentes de una sociedad muy atenta.


Un ejemplo que ocurrió por fuera de la Justicia pero sirve para entender esto es el de Magdalena Ruiz Guiñazú. El fallo del 2 por 1 se conoció el miércoles 3 de mayo. A primera hora del viernes, Ruiz Guiñazú concedía reportajes para explicar por qué se oponía. Magdalena fue de las los pocos periodistas que denunció la existencia de los desaparecidos durante la misma dictadura militar. Luego integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Se rebeló contra el punto final, la obediencia  debida y el indulto. Y luego, por el mismo impulso crítico que guió toda su carrera, cuestionó con dureza al kirchnerismo, que le organizó, en uno de sus episodios más abyectos, un absurdo juicio público en Plaza de Mayo por haber sido cómplice de la dictadura que, en realidad, había denunciado. Su recorrido en el tema es, tal vez, el más visible de un enorme sector social que nunca reivindicó a la guerrilla, que no es kirchnerista, pero que fue clave, desde la misma época de la dictadura hasta la reacción contra el fallo, para que los militares estén presos: en Estados Unidos los llamarían "los liberales".


En pocas horas, la reacción del sector liberal de la sociedad fue masiva. Así las cosas, cuando llegó el tema al Congreso algo había quedado claro: el reclamo para que los represores cumplan sus condenas no se limitaba a un sector político. Ese es el gran triunfo de quienes lograron que haya justicia en la Argentina respecto de lo ocurrido en la dictadura: que ese bien sea defendido, impulsado y, ahora, protegido, por personas de diferentes convicciones. De haber quedado recluido al kirchnerismo, como se intentó desde ese sector, de haber aceptado, personas como Magdalena Ruiz Guiñazú, esa especie de ridícula excomunión que se les aplicó durante la última década, probablemente el fallo de la Corte hubiera pasado como si tal cosa. Para desgracia de quienes simpatizan con la represión, eso no ocurrió. Para decirlo claro: Cristina Fernández dijo que volvería una semana antes de su gira porque, ante la aprobación del 2 por 1, el país la requería. Como se vio, no era imprescindible.


En los próximos días, la Corte emitirá un nuevo fallo que probablemente dé por terminado el último intento de consagrar algún tipo de impunidad respecto de esos crímenes. El camino que llevó a estos resultados fue lento y sinuoso y quizás sea útil recordarlo para entender la dinámica que derrotó al fallo del dos por uno.

 

En el origen estuvieron los organismos de derechos humanos que arrancaron en los años de terror y oscuridad. Esos organismos lograron romper el cerco, gracias a algunos periodistas muy valientes y a múltiples aliados en el mundo occidental (Jimmy Carter, Francois Miterrand). Al caer la dictadura, ya existían marchas multitudinarias que exigían justicia.

 

Luego, el Gobierno de Raúl Alfonsín conformó una comisión de personas muy destacadas que produjeron el informe Nunca Más, uno de los textos más trascendentes de la historia argentina. Y en 1985 se realizaron los juicios a las cúpulas de la dictadura, que terminaron con condenas ejemplares. En cada período democrático, hubo marchas y contramarchas. Así fue como, a partir de 1987, Alfonsín retrocedió ante la presión de los cuarteles y el Congreso aprobó las leyes de punto final y de obediencia debida.

 

Apenas asumió, Carlos Menem indultó a los que quedaron desprotegidos por esas leyes. Parecía que la impunidad reinaría para siempre. Pero aún en ese contexto hubo avances. El jefe del Ejército, Martín Balza realizó una autocrítica histórica: hasta los militares decían que no había sido una guerra justa sino una imperdonable cacería. Menem eliminó el servicio militar obligatorio y dinamitó el poder de presión política de las Fuerzas Armadas, que se mantenía invariable desde 1810. Luego del 2001 se barajó de nuevo, y el Parlamento derogó las leyes de impunidad. Los juicios recomenzaron y, en 2003, al asumir Néstor Kirchner, ya había cincuenta militares detenidos. El kirchnerismo transformó esos avances de la Justicia en política de Estado y así la Argentina logró dar un ejemplo inédito al mundo.   

 

Durante el kirchnerismo, por otra parte, algunos organismos de derechos humanos accedieron al poder. Y fue triste ver cómo el poder tiñe con sus propios vicios aun a personas de pasado heroico: hubo escándalos de corrupción, despliegue innecesario de crueldad, intolerancia a miradas alternativas y, sobre todo, una clara pérdida de independencia. Callaron, muchas veces, lo que antes denunciaban, y ahí está el caso Milani, o la soledad de los familiares de Once y Cromagnon, para demostrarlo.

 

Esos desvíos, al parecer, no tuvieron un costo alto para la causa original. En sus primeros pasos, Mauricio Macri, desairando a algunos de sus votantes, decidió que los juicios no frenan y que los desaparecidos merecen también su homenaje. Con el tiempo, Macri empezó a confundirse. En lugar de limitarse a adoptar un discurso sobre la dictadura más moderado e inclusivo que el del gobierno anterior, fue virando hacia otra cosa. Entre las organizaciones que nuclean a las víctimas de la dictadura hay una justificada suspicacia respecto de cual fue la responsabilidad del Gobierno en el fallo de la Corte. La sospecha se apoya en que dos de los tres del dos por uno fueron designados por Cambiemos y una tercera le debe su continuidad en el cargo.

 

Pero además, los organismos llevan contabilizados un sinnúmero de gestos agresivos en su contra: desde la discusión de símbolos como el número de 30.000 desaparecidos, hasta la falta de colaboración para que su mensaje llegue a las escuelas, pasando por declaraciones presidenciales sobre "el curro de los derechos humanos" o el célebre "no tengo idea de cuántos fueron", el manoseo del feriado del 24 de marzo, la permanencia en su cargo de un funcionario que negó la existencia de un plan criminal o el desmontaje de reparticiones que colaboraban con la búsqueda de la verdad. 

 

La semana que pasó representó toda una lección para quienes se confundieron. Todo se puede discutir: la cadena de responsabilidades en la violencia de los setenta, el número real o simbólico de los desaparecidos, si un represor de 75 años merece o no la prisión domiciliaria, quién fue y quién no fue cómplice de tal o cual cosa.
Pero hay algo que la inmensa mayoría va a defender.
Los criminales de lesa humanidad deben cumplir sus condenas.
Es raro que haya gente que aun no haya entendido algo tan elemental, tan fundante para la democracia argentina.