La policía, con vía libre

Por Andrés Klipphan

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El ingreso de policías bonaerenses a una escuela en Banfield es solo un síntoma más del desmadre y la “vía libre” que parecen tener los uniformados para desplegar su violencia como ya ocurrió en un comedor comunitario, o contra vecinos de La Boca. 

“Qué tal si los reeducan. Porque está bien que los desafecten, pero ¿por qué no vuelven a la academia y aprenden a respetar?. A no maltratar a los chicos y a los adultos. Porque cuando fui a la Comisaría 2° de Banfield, lugar a dónde se llevaron a mi hijo sin ningún motivo, un mocoso con uniforme, me verdugueo. Cuando le pedía el celular y la plata que le habían sacado ¿sabe lo que hicieron? Me pidieron la factura del celular y los números de serie de los billetes que a la mañana le di para que almuerce y pague unas fotocopias”. 


El que habla es Daniel, el padre de Lautaro, un alumno de 16 años de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM), ubicada en la localidad de Banfield, en el partido Bonaerense de Lomas de Zamora. A esa institución ingresaron varios policías de la bonaerense el pasado miércoles 17 de mayo por la tarde persiguiendo, presuntamente, a dos “sospechosos armados” -según el parte oficial- que habían detectado en una plaza cercana a la institución.

 

El torpe accionar de los tres efectivos generó alarma y desconcierto entre los 300 alumnos que estaban en las aulas y patio, entre el cuerpo de profesores, y los delegados de Suteba que estaba allí porque ese día se desarrollaban los comicios del principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires.

 

“Están armados. Están armados”, se escucha gritar a uno de los policías en el vídeo que se hizo viral en las redes sociales. Finalmente los efectivos terminaron con su cacería. Lejos de ser dos peligrosos delincuentes con pistola en la cintura, los dos adolescentes que esposaron tirando al piso y contra la pared, eran dos alumnos de la ENAM desarmados.
Fuera de la escuela secundaria la situación era aún más bochornosa. La comunidad educativa rodeaba e impedía que un patrullero se llevase a Lautaro que ya estaba retenido contra su voluntad dentro de la unidad.

 

Lautaro tampoco era un ladrón ni un narco, ni un pirata del asfalto, ni un peligroso mafioso. Era otro alumno de la Escuela Media que ese día, junto a sus dos amigos, habían decidido “ratearse y tomar una cerveza en la placita que esta sobre la calle Vergara”, según sus propias palabras y las de Daniel, su papá”. En esta situación se encontraban cuando dos policías de la provincia de Buenos Aires los observan y a paso rápido se les acercan. Los adolescentes se sienten intimidados, dejan la botella tirada, y comienzan a corren.


Los uniformados, efectuaron disparos al aire para que se detengan, pero, lejos de lograr eso, los estudiantes, corrieron más rápido aún. Dos consiguieron ingresar a la escuela y a Lautaro lo detuvieron antes que este lograse ingresar a la casa de su tío para refugiarse.

 

 

La secuencia exacta de lo que sucedió es una muestra del desbocamiento de las fuerzas de seguridad.Según el último informe de La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), fechado en diciembre de 2016, desde la llegada de Mauricio Macri al poder, se produjeron “259 muertes por violencia institucional”. 


Estos hechos incluyen “casos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas”, que son las principales modalidades que encabezan la lista confeccionada. El saldo da un promedio de un muerto cada 25 horas.  
Según la misma Correpi, en lo que va de 2017 la situación “parece empeorar”. Solo basta recordar que el pasado 11 de abril, el oficial de la Policía Federal, Ariel Fernando Saranati, que se encontraba fuera de servicio, disparó contra Franco de 22 años. Dos balas impactaron en su pecho y lo mataron. 

 

El caso ocurrió en el barrio La Cárcova de San Martín, en la provincia de Buenos Aires durante un intento de robo. Según la causa, caratulada como “homicidio agravado” y que instruye el fiscal Fabio Cardigonde, a cargo de la UFINº 7 de San Martín, Fabio intetaba robar las ruedas de un auto particular, el del policía.

 

El oficial, según los testigos, dio la voz de alto mientras desenfundaba su arma reglamentaria. El ladrón, que estaba desarmado, comenzó a correr y a los 300 metros, cuando se dio vuela para observar si había perdido a su perseguidor, este, rodilla en piso, haciendo un uso desmedido de su fuerza letal, le disparó. Saranati aún está detenido y con prisión preventiva.

 

El 31 de marzo, la policía comunal de Lanús también ingresó a los tiros, arrojando gas pimienta e infundiendo terror al ingresar de manera intempestiva y feroz al comedor comunitario “Los Cartoneritos” de Villa Caraza. Lo hicieron mientras unos 150 chicos y los voluntarios del lugar esperaban la cena. Los “pitufos” adujeron en su defensa que estaba persiguiendo a un hombre acusado de homicidio, al que finalmente pudieron detener, pero no en el comedor, donde sostenían que fue a refugiarse, sino a varias cuadras del lugar. Los policías actuaron de manera salvaje, golpeando a cocineros y voluntarias. Hasta arrojaron gas pimienta a la olla de 500 litros donde estaba preparado el alimento para los más necesitados.


El 22 de marzo pasado, los vecinos del barrio porteño de La Boca, también fueron víctimas del desborde policial cuando policías de la Ciudad dispararon balas de goma contra los vecinos que se juntaban en las veredas para observar una persecución policial entre patrulleros de la policía bonaerense y delincuentes que había robado un auto en Lanús. 
Durante el enfrentamiento entre los policías y los ladrones que bajaron del auto para escapar, los efectivos de la bonaerense abrieron fuego frente a un conventillo. Pero en vez de impactar en los presuntos delincuentes, las balas de plomo dieron contra el cuerpo de dos mujeres que tomaban mate en la puerta de sus casas. Una murió y la otra, embarazada, resultó gravemente herida. Como era de esperar, los vecinos reaccionaron y protestaron. Lejos de poner calma, los uniformados de la flamante Policía de la Ciudad los reprimió con balas de goma e hirió a diez vecinos.

 

Las palabras de Daniel, el padre de Lautaro, parecen sabias en este marco de violencia institucional. Fueron dichas cuando los periodistas le informan, durante una entrevista en Canal 26, que el ministerio de Seguridad Bonaerense, decidió “separar de manera preventiva de la fuerza” a la sargento Patricia Noemí Vera y al oficial Luis Alberto Peralta, por la detención de Lautaro. Y a los oficiales Sofía Nora Cerrudo, Mariano Sebastián Ortiz y José Alejandro Cariati por ingresar “sin orden judicial a la escuela y detener a otros dos menores”.

En la provincia hay más de 4.000 efectivos que tanto la gobernadora María Eugenia Vidal, como su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se ufanan de haber sumariado y desplazado por distintos actos de incumplimiento, como violencia policial, corrupción, y hasta de formar parte de bandas de narcos. Parece que con eso alcanza para “purgar” a un aparato represivo y reñido con la ley, enquistado en la mayor fuerza de seguridad del país.