Aparición con vida

Por Revista Veintitres

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La ministra de Seguridad estigmatiza en lugar de investigar. Hace un uso político de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y se victimiza

Por Guido L. Croxatto

El ministro Garavano incurre en dos errores serios. El primero es igualar la responsabilidad del Estado a la de las ONG´s de DDHH cuando pide "trabajar en conjunto" para esclarecer el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual es una misión del Estado y no de las organizaciones, que están reclamando al Estado mismo que cumpla con los tratados internacionales y asuma sus obligaciones y compromisos, en lugar de desviar continuamente –ante el fracaso de sus investigaciones- el centro de atención. En el escenario menos severo, estamos ante un caso de ineptitud grave. En el peor, ante el encubrimiento de parte de funcionarios nacionales de una desaparición forzada. En el medio, existen distintos escenarios, pero la responsabilidad del Estado es muy clara: el Estado tiene la obligación indelegable de esclarecer cuanto antes el caso. 

 

Según el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada -promulgado en México en 2015 pero que expresa un espíritu común y un modelo para todo el sistema interamericano-, la investigación de una desaparición debe ser: inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones. La investigación que vienen llevando adelante las autoridades argentinas dista y mucho de ser un ejemplo en la materia. No ha sido desprejuiciada, pronta, contextual, coordinada ni empática. Ha apuntado en sentido contrario, estigmatizando muchas veces a la familia, a la comunidad mapuche y al propio Maldonado, por la índole de sus lecturas o su plan de vida. 

 

Garavano y Bullrich. El Gobierno estigmatiza en lugar de investigar 

 

Existen cuatro principios básicos en estos casos, de los cuales la Ministra Bullrich ya vulneró dos: el principio de confidencialidad (al develar la identidad de un testigo protegido, Ariel Garzi) y el principio de oportunidad y eficacia, afectado con constantes dilaciones y desvios del foco de la investigación, pensando más en el impacto mediático de la noticia de la desaparición forzada (la renuencia a calificarla como tal es una prueba explícita de la vulneración de este principio), que en la efectiva aparición de la persona desaparecida, estigmatizada desde el propio gobierno, que en lugar de buscarla con todos sus instrumentos, divulga "hipótesis“ conspirativas (como sucedia durante el Proceso) sobre el eventual destino del manifestante: Santiago Maldonado no está en Paris. A Santiago Maldonado no lo mataron los mapuches. Santiago Maldonado participó de una protesta que fue reprimida por Gendadermía. Y está desaparecido desde entonces. Sobre este hecho básico el Estado debe coordinar sus acciones concretas. No lo está haciendo. Y esto vulnera derechos y compromisos internacionales. 


Julio Lopez fue desaparecido luego de declarar en un juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico-militar y acusado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Su desaparición no fue un accidente. Fue una demostración gravísima de los agujeros que aun tiene la democracia argentina y de la necesaria deuda institucional y politica que padece el país, en el cual todavía desaparecen y son amenazados testigos y militantes de DDHH.

 

La democracia argentina aún está –nos guste reconocerlo o no- en construcción. Hay muchas deudas pendientes. Estos casos nos recuerdan los frágil que puede ser una democracia. Y la importancia del control y el compromiso de cada ciudadano. Las Abuelas cuando vuelven a gritar aparición con vida“ le están marcando un rumbo al Estado. 
La diferencia que convierte este caso en un caso de desaparición forzada es que Maldonado desaparece después de la represión de gendarmería en el sur. No fue este el caso de Julio Lopez, aunque la principal hipótesis del caso apunta a ex fuerzas policiales. Esta diferencia sustancial no ha sido advertida aun por el gobierno argentino que sigue haciendo un uso político del caso victimizándose en lugar de ponerse firme en la búsqueda de la verdadera víctima, a la que constantemente estigmatiza.

 

 

Julio Lopez es, presumiblemente, el primer desaparecido (la primer desaparición forzada) en democracia. Maldonado, que apoyaba un reclamo mapuche en el sur, es el segundo. Para ambos el reclamo de la sociedad argentina es uno y el mismo: aparición con vida. El Estado no puede mirar para otro lado. Debe encontrar a Maldonado. En este caso no hay banderías políticas. Pero tampoco se puede igualar la responsabilidad de los organismos de DDHH con la responsabilidad del Gobierno. El gobierno es responsable de no encontrar a Maldonado. Y también de desviar constantemente el foco de atención, que debiera estar centrado en la búsqueda de Maldonado. No en un show mediático-político.

 

Decir que los organismos, no quieren trabajar en conjunto“ en la búsqueda de Maldonado es una infamia moral que olvida que encontrarlo –en democracia al menos- es una responsabilidad primordial y esencial del Estado. Y que esos organismos han luchado históricamente solos por encontrar, precisamente, a aquellos que no eran buscados desde el Estado, sino (y debido a que eran) asesinados por él.