La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, calificó de vinculante la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exige a Israel que termine su operación militar en la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza.

"Estas medidas provisionales anunciadas por la CIJ son vinculantes y, por supuesto, deben ser implementadas", dijo Baerbock a los periodistas antes de una reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión Europea en Bruselas.

Sin embargo, la Defensa Civil Palestina, citada por la agencia de noticias WAFA, denunció que al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas por el bombardeo aéreo israelí del domingo contra un campo de desplazados, ubicado en el noroeste de Rafah.

El medio especificó que el campo acogía a 100.000 personas y la mayoría de las víctimas del ataque son mujeres y niños.

A su vez Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino, catalogó el ataque como "un masacre deliberado" y "un desafío a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU" y a la decisión de la CIJ sobre la ofensiva en Rafah.

Asimismo, el vocero responsabilizó de lo sucedido a la administración de Estados Unidos, afirmando que el apoyo financiero y político que el país le proporciona a Israel "es la causa principal de los masacres terribles" cometidos por el Estado hebreo.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que sus aviones habían alcanzado un recinto del movimiento palestino Hamás en Rafah "en el que operaban importantes terroristas".

El viernes 24 de mayo, la CIJ ordenó a Israel detener la operación militar en la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.

El fallo del tribunal fue anunciado por su presidente, Nawaf Salam, quien subrayó que Israel también debe mantener abiertos los pasos terrestres para la entrada de la ayuda humanitaria y garantizar el acceso irrestricto a las misiones que están investigando las acusaciones de genocidio contra Israel.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que las decisiones de la CIJ son vinculantes, mientras que el propio Israel sostuvo que sus acciones en Rafah no crean condiciones para el exterminio de población civil palestina.

A finales de diciembre pasado, Sudáfrica, basándose en la Convención sobre el Delito de Genocidio, presentó una demanda contra Israel en la corte, instándola a tomar medidas contra las autoridades israelíes. Las primeras audiencias se celebraron el 11 y el 12 de enero.

El 26 de enero, la CIJ ordenó a Israel que adoptara todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en el enclave palestino y proporcionara con urgencia la asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.

Posteriormente, Sudáfrica apeló ante el tribunal tras la decisión de Israel de ampliar su operación militar en Rafah.

El representante de la delegación sudafricana y el embajador de esa nación en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, acusó el 20 de febrero a Tel Aviv de aplicar una forma extrema de apartheid en los territorios palestinos, similar a la que había sufrido Sudáfrica.

En abril, la CIJ también ordenó a Israel tomar medidas para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza sin trabas.

Fuente: Sputnik