Brasil regula apuestas deportivas y juegos de azar en internet para aumentar recaudación en 2024
La nueva norma podría incrementar la recaudación en al menos 5.000 millones de reales en 2024
El año llega a su fin con buenas noticias para el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En las últimas horas, el mandatario sancionó una ley que regulará las empresas y usuarios de apuestas deportivas y juegos de azar en internet. Según estimaciones del Gobierno, esta norma podría incrementar la recaudación en 2024 en al menos 5.000 millones de reales, equivalentes a más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, aún resta que esta medida supere un paso en el Congreso.
La nueva regulación tiene como objetivo modificar la legislación de las apuestas deportivas a cuota fija, también conocidas como "quinielas". Además de gravar a las empresas y a los apostantes, se establecen normas para su funcionamiento y se determina la distribución de los ingresos, entre otras disposiciones. Cabe destacar que las apuestas deportivas a cuota fija son aquellas en las que el apostante conoce la tasa de retorno al momento de realizar la apuesta y están relacionadas con eventos deportivos.
La ley también regula las apuestas virtuales, las apuestas físicas, los eventos deportivos reales, las apuestas en línea y los eventos virtuales en los juegos en línea. Entre las novedades destacadas se encuentra el cobro de un 15% de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre el valor neto de los premios obtenidos en un año, siempre y cuando estos superen los 2.100 reales (aproximadamente 430 dólares). Los premios menores a esta cantidad deberán abonar un impuesto menor.
El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) ha vetado una sección que planteaba eximir del impuesto sobre la renta a los premios pagados a los jugadores de hasta 2.100 reales. Asimismo, se establece que el 88% de la recaudación se destinará al mantenimiento del operador de loterías de apuestas fijas y otros juegos de azar, mientras que el 12% restante se destinará a fines como educación, seguridad pública, deporte, seguridad social, turismo y al Ministerio de Salud, específicamente para medidas preventivas, de control y mitigación de los efectos sociales causados por los juegos de azar.
Además de estas disposiciones, las empresas afectadas deberán abonar un 12% sobre su facturación y cumplir diversos requisitos para poder operar en el país, como contar con autorización del Ministerio de Hacienda, tener sede y administración en territorio brasileño y demostrar experiencia en el ramo o tener socios brasileños. También se les exigirá adoptar prácticas para combatir el lavado de activos, prevenir la manipulación de apuestas y ofrecer incentivos al responsable de la plataforma.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de diciembre y posteriormente recibió modificaciones por parte del Senado. Dado que el Ejecutivo sancionó parcialmente la normativa, será necesario que el Congreso la vote nuevamente y cuente con mayoría absoluta (257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado) para su promulgación definitiva.
En paralelo, el Gobierno brasileño ha anunciado su intención de cobrar impuestos a los "superricos" que poseen fondos offshore o invierten en fondos exclusivos que, en la actualidad, están exentos del impuesto a las ganancias. El ministro de Economía, Fernando Haddad, impulsó esta medida como parte de los esfuerzos del Gobierno por aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal. Se espera que, durante el primer año de implementación de la nueva normativa, en 2024, se recauden alrededor de 5.000 millones de reales (aproximadamente 1.030 millones de dólares), según el senador Randolfe Rodrigues, líder del bloque oficialista en la Cámara alta.
Es importante mencionar que esta legislación se da después de la promulgación de la reforma tributaria, la cual busca cumplir con el nuevo marco fiscal para 2024 aprobado por el Congreso y contó con el apoyo de fuerzas políticas de derecha representadas en el bloque denominado Centrao, que buscan obtener mayor participación en el poder ejecutivo. Con estas medidas, el Gobierno brasileño espera generar un impacto positivo en la economía del país y mejorar la situación fiscal.