Este fondo se enmarca en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, permitiendo a los gobiernos establecer herramientas similares.

Dado que la actividad económica tiene ciclos de crecimiento y recesión, este régimen establece la necesidad de generar instrumentos para enfrentar los déficits.

La integración de este fondo anticíclico se llevará a cabo adicionando 350 millones de dólares (o su equivalente en pesos) provenientes de los recursos del Tesoro de la Ciudad, así como superávits del ejercicio financiero anterior y los rendimientos generados por estos recursos. Se podrá llegar a un máximo del 8% de los gastos del presupuesto vigente.

Los fondos podrán utilizarse para financiar gastos operativos en caso de variaciones en los ingresos tributarios ajustados por el IPCBA, así como para pagar vencimientos de deuda pública de hasta 90 días. También podrán ser utilizados para situaciones de emergencia o desastres y contingencias judiciales no previstas que superen el 1% del presupuesto vigente.

Para utilizar estos recursos, será necesario verificar ciertas circunstancias, como una caída en los ingresos tributarios ajustados por el IPCBA mayor al 10% en comparación con el mismo mes del año anterior, o una caída interanual igual o superior al 5% en relación con el mismo trimestre del año anterior.

También se podrá utilizar el fondo para pagar vencimientos de deuda en casos de spread promedio entre el rendimiento del Título de Deuda de la Ciudad de Buenos Aires y el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos superior al 6.5%, o cuando haya una variación del diferencial promedio sobre la tasa de referencia que supere los 1,000 puntos básicos. Además, se utilizará el fondo cuando haya un diferencial superior al 25% entre la variación del tipo de cambio oficial de referencia y la variación de los ingresos tributarios.

Es importante destacar que en un ejercicio determinado, no se podrán asignar más del 50% del monto acumulado en el fondo, ni podrá utilizarse para financiar aumentos permanentes del gasto corriente o como garantía de operaciones de crédito público.