Previo a la movilización del Polo Obrero a Plaza de Mayo en reclamo por las medidas económicas, el Gobierno nacional confirmó que ya se registraron más de 8 mil denuncias en la línea 134. Varios dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) advirtieron este miércoles que "la extorsión es delito".

"Las denuncias recibidas en la línea 134 confirman que muchas personas son amenazadas para participar en marchas de la izquierda piquetera", indicó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Aseguró que "el derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras" pero que "la extorsión es un delito". "¡Se tiene que acabar la esclavitud a la que son sometidos los más vulnerables!", afirmó la diputada.

Por su parte, el legislador porteño de LLA, Ramiro Marra, también remarcó que se recibieron "más de 4.000 denuncias de personas amenazadas con ir a marchar por miedo a perder su plan social" en las primeras horas de inauguración de la línea. "Desde el gobierno decidimos terminar con esto. Los argentinos no vamos a permitir que los gerentes de la pobreza utilicen a los más necesitados para sus fines políticos", sostuvo el político y concluyó: "Se les acabó la joda".

Luego, el diputado retomó el tema en otro posteo de su cuenta oficial en redes sociales. "Si los piqueteros van a actuar cómo criminales al no obedecer la ley, espero que al menos no sean tan cobardes de llevar niños a la marcha", afirmó. "Ellos son las verdaderas víctimas de este sistema mafioso de los líderes piqueteros. Quien no respete la ley, que lo pague en la justicia", agregó.

Las denuncias que recibió el Gobierno en el primer día de la línea 134

El gobierno habilitó la línea 134 para que las personas puedan denunciar en caso de amenazas y extorsiones por parte de las organizaciones sindicales con el objetivo de obligarlos a asistir a la movilización. Según informó, en el primer día la línea recibió 4.310 denuncias.

"El derecho a manifestarse se respeta siempre y cuando no impida la libre circulación", advirtió. Por eso, aquellos que quieran protestar podrán hacerlo en parques, plazas y veredas. De lo contrario, podrán ser multados o incluso encarcelados. "Manifestarse es un derecho, cortar la calle es un delito. La pena por cortar la calle va de 2 a 3 años de prisión", avisó Adorni.

Las decisiones del Gobierno en relación con las protestas despertaron el repudio de varios sectores.

Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron el protocolo anti-piquete ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro fueron algunas de las agrupaciones y organismos que participaron del documento enviado a la ONU y a la CIDH.

"Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En el documento se advierte que "la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".

Además, se pidió "hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos".