Los prestatarios que esperaban una reducción en sus pagos mensuales a través del plan Saving on a Valuable Education (SAVE) se enfrentan a otro revés. El 9 de agosto, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito bloqueó oficialmente al gobierno de Joe Biden de avanzar en la reducción de pagos mensuales y la condonación de deudas para prestatarios a largo plazo bajo este programa. Esta decisión reafirma una suspensión preliminar emitida en julio.

Confusión y frustración entre los prestatarios

Persis Yu, directora adjunta del Student Borrower Protection Center, comentó que "una suspensión preliminar es una medida extraordinaria que busca evitar que las cosas empeoren mientras se desarrolla la litigación". Sin embargo, la situación actual parece empeorar para los prestatarios, quienes se encuentran atrapados en un clima de caos y confusión.

Muchos prestatarios se inscribieron en el plan, pero tuvieron que ser colocados en un período de gracia en julio para que el Departamento de Educación pudiera calcular correctamente los nuevos pagos mensuales. La situación se complicó aún más con los desafíos legales que enfrentó el plan, incluyendo dos demandas interestatales, lo que llevó a una gran incertidumbre tanto para los prestatarios como para los servicers de préstamos.

El impacto de la suspensión judicial

En este momento, los prestatarios del plan SAVE se encuentran en un período de gracia sin intereses, mientras que el Departamento de Educación continúa luchando contra los desafíos legales. La duración de este período es incierta. Brittany Rogers, una profesional de salud mental de Chicago, expresó su frustración: "Finalmente encontré un plan de pago que era asequible, y ahora se lo quitan". Su pago mensual había disminuido en unos US$200 antes de que la situación legal la colocara en esta situación.

Un llamado a la acción del gobierno

La administración de Biden solicitó a la Corte Suprema que intervenga para levantar la suspensión y permitir que el plan SAVE avance. Elizabeth Prelogar, abogada del Departamento de Justicia de EE. UU., señaló que "la suspensión del Octavo Circuito ha perjudicado gravemente a millones de prestatarios y al Departamento, bloqueando cambios planificados y creando confusión generalizada".

Yu también destacó que esta suspensión no parece cumplir con el objetivo de forzar a los prestatarios a regresar a otros planes de pago, como podría haber esperado los estados demandantes. La incertidumbre legal afecta gravemente a aquellos prestatarios que confiaban en la promesa del Departamento de Educación de un monto y un plazo de pago específicos, y ahora no pueden recibirlo.