El Estado, en sus tres niveles de gobierno, invierte en niños y adolescentes a través de numerosos programas y políticas públicas. La mayor parte de esa inversión es provincial, dadas las responsabilidades en materia educativa y de salud. La inversión del Estado Nacional es, no obstante, un complemento significativo. Esta última viene aumentando desde 1995. Los programas nacionales de transferencias de ingreso con corresponsabilidad, la priorización de obras de infraestructura y el financiamiento educativo fueron hitos que marcaron un incremento de lo que el Estado nacional invierte en políticas orientadas a niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, en los años de devaluación y contracción económica (2012, 2014 y 2016) se registraron caídas en la inversión dirigida a esta población. En los años 2017 y 2018, además, se registraron caídas en la inversión real en áreas críticas del bienestar infantil y adolescente. Este escenario pone en riesgo las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en un período de crisis y recesión como el que atraviesa la Argentina actualmente. Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que incluso tras experimentar un aumento sostenido, la inversión no logró reducir la infantilización de la pobreza: mientras que en 2003 había 142 niños en situación de pobreza por cada 100 adultos en la misma situación, en el segundo semestre de 2017 había 192.

El financiamiento de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia es crítico para hacer realidad sus derechos. Lograrlo exige revisar la efectividad, calidad y el impacto de la inversión del Estado sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Tres recomendaciones para fortalecer la estructura de la inversión social en infancia y adolescencia consisten en: asegurar los fondos presupuestarios destinados a los programas que tienen un impacto significativo y demostrado sobre el bienestar de los niños y adolescentes; ) monitorear y evaluar la calidad de la inversión, es decir, el impacto que los recursos utilizados tienen sobre el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes; y mejorar y fortalecer los formatos institucionales -tales como el Gabinete de Desarrollo Humano y la figura del Defensor del Niño - involucrados en las distintas etapas del ciclo presupuestario para poder guiar los esfuerzos comunes orientados a cumplir los derechos de los niños y adolescentes

Situación social de la infancia y adolescencia en Argentina

Asegurar que todas las familias con niños y adolescentes cuenten con dinero para garantizar un cierto nivel de bienestar es relevante tanto en términos éticos, como jurídicos y estratégicos. Pero en la Argentina son estas familias las que están en situación de mayor vulnerabilidad. Este fenómeno se conoce como infantilización de la pobreza y se caracteriza por niveles de pobreza más elevados en la infancia que en la población general.

En el primer trimestre de 2018, el 39,4% de los niños y adolescentes menores de 18 años en aglomerados urbanos vivían en situación de pobreza: este porcentaje casi duplica el 20,5% referido a la población de 18 años o más. Lo mismo se verifica al analizar la situación de indigencia, que alcanza al 8,1% en el caso de la población menor de 18 años y desciende a 3,8% para la población mayor de 18 años.

En el mismo período, el 32,3% de las personas menores de 18 años pertenecían al primer quintil de ingreso y solo el 8,9% al quinto. En contraposición, estos porcentajes para las personas de 18 años o más eran 15,5% y 24,1%, respectivamente.

Así, 58,4% de los menores de 18 años se encuentran en los dos quintiles de ingreso más pobres, contra 33,3% en la población mayor de 18 años. Al observar la situación de los distintos subgrupos etarios también se observa que la posición económica de las familias es mejor cuanto mayor es la edad de sus integrantes.

Esta situación de los niños y adolescentes también se verifica al observar otras formas posibles de medir bienestar, más allá del ingreso. Según los datos del último Censo Nacional, en 2010 un 19,6% de las personas de hasta 17 años vivían en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), frente al 9,3% de la población de 18 años o más. La niñez y la adolescencia también se encuentran fuertemente afectadas por la pobreza multidimensional2 . En 2015, el 31,7% de los niños entre 0 y 17 años se encontraba en situación de pobreza multidimensional, con 26% en una situación de pobreza moderada y 5,7% de pobreza extrema

La infantilización de la pobreza se está profundizando. Pese a la reducción de la pobreza entre 2003 y 2017, la brecha entre los niños y los adultos aumentó: la proporción de niños menores de 17 que viven bajo la línea de pobreza respecto de los mayores de 18 años aumentó de 1,42 a 1,92 entre 2003 y el segundo semestre de 2017 (Gráfico 3). En otras palabras, mientras que en 2003 había 142 niños en situación de pobreza por cada 100 adultos en la misma situación, en el segundo semestre de 2017 había 192.

Estas tendencias son preocupantes, más aun teniendo en cuenta que el impacto de la inflación y las devaluaciones del tipo de cambio todavía no se ven totalmente reflejadas en estos indicadores y lo harán recién en el segundo semestre de 2018. En este marco, cabe destacar que el acuerdo firmado con el FMI incluye una cláusula de salvaguarda que permite incrementos de hasta un 0,2% del PBI para proteger a los sectores más vulnerables en caso de que las condiciones sociales empeoren

En suma, revertir la infantilización de la pobreza es un arduo desafío que supone abordar causas estructurales arraigadas en patrones culturales y factores político-institucionales y socioeconómicos.

Sin embargo, a pesar de esta complejidad, es un desafío que debe comenzar a tratarse con urgencia y de manera integral, mediante un plan de largo plazo que contemple sus múltiples dimensiones.

Garantizar que todas las familias con niños cuenten con los ingresos necesarios para vivir dignamente es un pilar innegable en esta estrategia.

*Síntesis del informe de Cippec