Los trabajadores del sector alimentario están en alerta máxima ante la situación que atraviesa la empresa Granja Tres Arroyos, especialmente con el fin de la conciliación obligatoria que se completa este lunes.

La tensión crece entre los empleados, quienes temen por la continuidad de sus puestos de trabajo y denuncian irregularidades en los pagos salariales.

Durante el fin de semana, los trabajadores de Granja Tres Arroyos, junto a sus familiares, se movilizaron en el centro de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la empresa cuenta con un importante polo fabril.

En la manifestación, los empleados y los delegados gremiales expresaron su preocupación por los despidos masivos que se han registrado en las últimas semanas, así como por la posibilidad de que otros 400 trabajadores sean desvinculados. Además, denunciaron irregularidades en el pago de salarios quincenales, lo que agrava aún más la situación.

Este escenario crítico pone en evidencia la difícil realidad que enfrentan los trabajadores del sector alimentario en Argentina, especialmente en empresas como Granja Tres Arroyos. Los reclamos por estabilidad laboral y el cumplimiento de los pagos salariales se han convertido en el centro de la lucha sindical, mientras la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de familias sigue creciendo.

Por su parte, mientras intenta desarrollar la reapertura de su negociación paritaria para esa y otras actividades, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación sostuvo que están a la espera de que finalizada la conciliación obligatoria "los empresarios cumplan con lo firmado en la paritaria".
Los representantes gremiales comentan como contracara de la situación en la empresa que sus responsables habían manifestado "su optimismo por la etapa que comenzaba con la era Milei".
Como publicó BAE Negocios respecto a la situación en Granja Tres Arroyos la empresa es la principal productora avícola del país. La preocupación por los despidos hizo que semanas pasadas los dirigentes y afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU) como otras organizaciones rechazaron la sangría en la dotación de personal. Ya hubo 70 trabajadores que recibieron el telegrama de despido, pero las estimaciones indican que el número de afectados podría alcanzar a 400  empleados.
Desde el año pasado la firma tiene el aval para dicha sangría a través del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) otorgado por el Gobierno nacional.
En Entre Ríos la preocupación se extiende no sólo entre los obreros, sino también en la comunidad en general dado la interacción comunitaria que se pone de manifiesto en el "día a día" entre personas y rubros de servicios de Entre Ríos.