Los bancos de Europa están ansiosos por demostrar que el dinero que han derrochado en reforzar sus departamentos de cumplimiento está dando frutos: HSBC Holdings Plc informó de una transacción sospechosa que ayudó a Angola a recuperar u$s500 millones vinculados a un presunto fraude que involucra al hijo de un expresidente.

El panorama general es menos alentador. A pesar de una cascada de normas, regulaciones y multas récord, ese gasto de u$s7.000 millones adicionales al año solo en el Reino Unido apenas ha movido la aguja. Medir el éxito en esta área puede no ser una ciencia exacta, pero si atrapar dinero sucio es una métrica viable, parece que se ha avanzado poco.

La brigada paneuropea contra el crimen Europol calcula que solo el 5 por ciento de las transacciones que las empresas identifican como sospechosas se informa a las autoridades, de las cuales el 10 por ciento conduce a investigaciones. Esa es una tasa de conversión de menos del 1 por ciento, lo que sugiere que los bancos están informando en exceso de manera preventiva los datos en lugar de proporcionar información valiosa que pueda conducir a detenciones.

Parte del problema es la maraña de normas y la variedad de enfoques a la aplicación adoptados por los principales centros financieros. Directrices duplicadas, confusión sobre lo que es un requisito en lugar de mejores prácticas y asesoramiento contradictorio de los consultores son las pesadillas comunes de los banqueros.

Las autoridades intentan abordar esto. El Reino Unido, hogar del centro financiero más grande de Europa, promete mejorar los informes de transacciones como parte de una iniciativa para abordar adecuadamente los 90.000 millones de libras que la Agencia Nacional del Crimen estima que se lavan en el país cada año, según indica la agencia Bloomberg.

Sigue habiendo una falta de coherencia entre los sectores. Los bancos son un conducto crucial para el dinero sucio, pero los delincuentes también se benefician de los abogados, agentes inmobiliarios y casinos, que no siempre están sujetos a la misma supervisión. Multas más altas podrían ser una herramienta eficiente de disuasión en este caso. Un bufete de abogados del Reino Unido que violaba las regulaciones de blanqueo de dinero fue multado con un total de 50.000 libras, menos de las ganancias de un año de un abogado junior.

Problemas en todos lados

Este no es solo un problema británico. Escándalos bancarios recientes en Letonia y Malta muestran hasta dónde depende la lucha contra el blanqueo de dinero de las autoridades nacionales y cuán variable puede ser su historial.

Todo esto debería dar a los inversores una pausa para pensar cuando consideren si un mayor gasto en tecnología ayudará a los bancos a resolver sus problemas de cumplimiento. La inteligencia artificial ciertamente ayudará a analizar sus paquetes de datos, pero no arreglará los obstáculos políticos para compartirlos.

Desde que los reguladores estadounidenses impusieron una multa récord a HSBC por deficiencias en cuanto a cumplimiento en 2012, otros actores en la industria han estado ansiosos por evitar ser golpeados de la misma manera. Sobre esa medida, el gasto en general ha valido la pena. La mayor parte de las multas por conducta indebida a los bancos europeos probablemente se debe a eso y, en diciembre, EE.UU. levantó una amenaza de procesamiento penal de HSBC.

Pero la idea de que la virtud sea su propia recompensa tiene un aspecto extraño dada la evidencia que muestra que el crimen financiero no está disminuyendo. Ahora es necesario que haya un mayor enfoque a nivel político en cómo compartir datos entre las instituciones y las autoridades nacionales.

Con el Brexit que amenaza la divergencia regulatoria, y las renovadas preocupaciones sobre la privacidad de los datos en el público, eso no será fácil. Pero podría ser más útil que otra ronda de gasto en cumplimiento.

En América latina y la UE

Una mayor cooperación y legislación entre Latinoamérica y Europa podrán dotar de más transparencia al ámbito financiero, que requiere blindarse para evitar delitos como el blanqueo de capitales, afirmaron miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) y expertos en Panamá.

En la reunión, que se llevó a cabo la semana pasada, el presidente de la Asociación Internacional de banqueros de Florida (Fiba, por su sigla en inglés), David Schwartz, presentó a los parlamentarios del organismo birregional las recomendaciones del sector financiero, que requiere ahora de una mayor actuación de personal especializado en temas de seguridad.

La EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional conformada por 150 miembros -75 del Parlamento Europeo y 75 de América latina-, incluidos el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Parlamento del Mercosmaur (Parlasur).

“En la región es más complicado (teniendo en cuenta) los sistemas de gobiernos, no hay íntegramente una cooperación entre autoridades locales y sector privado”, comentó a las agencia EFE el especialista que se presentó ante la Comisión de Seguridad, Delincuencia Organizada y Terrorismo de la EuroLat.

Afirmó que los Estados tienen temor de entregar información a las autoridades, especialmente por las actuaciones de corrupción, ampliamente conocidos en América latina.

Citó como ejemplo que la transparencia se ha visto afectada por ciertos mecanismos usados para crear empresas a través de despachos jurídicos, que resguardan información y no se les solicita mayores controles u obligaciones como las que piden a los bancos.

Pero Schwartz sostiene que el asunto se centra en la protección de datos que en algunas regiones pesa más que la seguridad.

El banquero también agregó que a los cuerpos de seguridad especializados deben dotarse de más presupuestos y realizar una labor más exhaustiva en la fiscalización para conseguir mejores resultados en los objetivos que han ido trazando.

“Esta batalla exige de recursos y dejarlo todo en manos de los bancos no va a ser la solución, en muchos países el delito del blanqueo de dinero no está tipificado”, advirtió a la Comisión, en un debate que atraviesa a todas las naciones.

Según la Fiba, entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial corresponde al blanqueo de capitales. Una de las vías utilizadas es mediante la adquisición de inmuebles y el otro a través de monedas virtuales, dado que estas últimas no se pueden detectar y controlar.

Entre tanto, el eurodiputado español, del conservador Partido Popular (PP) y copresidente de EuroLat, Agustín Díaz De Mera, indicó a Efe que concuerda con el experto, en que los gabinetes jurídicos no deberían ser opacos, por el contrario, estos deben aportar información a las autoridades competentes en el ámbito de la seguridad.

“Buscamos en Europa un equilibrio entre seguridad y privacidad, dado que la legislación en Europa es robusta, además si se tienen supervisor de protección de datos, el cual somete a escrutinio todas las actuaciones que están en el ámbito de la seguridad”, explicó. Además, señaló que los diputados que están trabajando sobre el tema tratan de moverse en el ámbito de “la cooperación y de la detección que concierne a lo delictivo” que hace referencia a las desviaciones de poder o abuso de poder.

En la Comisión también se habló de la delincuencia informática, la transparencia y cooperación entre empresas, el fortalecimiento del poder judicial para llevar a cabo una lucha contra el flagelo de delitos económicos y el narcotráfico.

Los políticos que se reunieron la semana pasada hicieron también un repaso sobre otros puntos de la agenda vinculadas al tema como los informes sobre justicia y lucha contra la impunidad, la cooperación bilateral en seguridad aérea, la responsabilidad social corporativa, el combate contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social y la cooperación en materia de investigación.