Existen investigaciones que rebobinan hasta la independencia panameña de Colombia a comienzos del siglo XX para comprender el origen del negocio off shore en ese país centroamericano.

Afirman que la “creación” de Panamá fue orquestada y promovida por el gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt en representación de un grupo de banqueros con intereses directos sobre la construcción de un canal interoceánico en Panamá, en lugar del que estaba proyectado sobre el territorio de Nicaragua.

La historia narrada en el libro El país creado por Wall Street, de Ovidio Díaz Espino, puede parecer exagerada, pero el JP Morgan terminó siendo el primer agente fiscal del incipiente Estado y el monumental cruce para las embarcaciones fue habilitado en 1914.

Aunque esa versión sea cuestionada por contradecir el mito fundacional panameño, lo cierto es que los primeros pasos formales del país en su carrera para convertirse en una plaza financiera internacional estuvieron directamente vinculados con los Estados Unidos y el Canal de Panamá. En 1919, las autoridades comenzaron a promover que embarcaciones extranjeras se registraran en el país y navegaran bajo su bandera.

Esa práctica, que persiste hasta el día de hoy, facilitó a grandes empresas estadounidenses, como la Standard Oil, evadir regulaciones laborales en su país y minimizar sus obligaciones fiscales. Aunque las petroleras aprovecharon las innovaciones, la leyenda dice que la primera transferencia de buques a los registros panameños involucró a dos barcos de pasajeros de Chicago en los que querían servir alcohol durante los años de la prohibición.

Un segundo elemento tuvo lugar en febrero de 1927 cuando se aprobó la ley 32. Una vez más, de la mano de un grupo de banqueros de Wall Street que buscaban mecanismos para maximizar ganancias, el gobierno de Panamá puso en marcha el primer cuerpo legislativo que, por su laxitud, promovía la creación de estructuras societarias destinadas a garantizar el anonimato de sus propietarios (verdaderas S.A.), que estaban exentas del pago de impuestos siempre y cuando se tratara de inversores extranjeros.

La promesa de confidencialidad no sólo implicó bloquear la capacidad de investigación sobre las cuentas bancarias, sino que se estipularon penas de prisión y abultadas multas para quienes violaran esas leyes. Pero no fue sino hasta los años setenta del siglo XX que el país se incorporó en forma plena al mundo offshore.

En esa época, cuando los precios del petróleo golpearon sobre la actividad naviera y los eurodólares comenzaron a girar por el mundo, Panamá consolidó el modelo tradicional de centro financiero off shore: adoptó por ley el secreto bancario; desreguló sus mercados financiero y cambiario, y facilitó un competitivo marco legal para el registro de compañías prácticamente libres del pago de impuestos.

Los vaivenes en la economía internacional y las crisis latinoamericanas no le permitieron a Panamá consagrarse de manera inmediata, pero la propuesta lentamente comenzó a atraer clientes.

Por su cercanía geográfica y la connivencia política del dictador Manuel Noriega, una de las primeras experiencias a escala del sistema financiero panameño fue la administración — fuga y lavado— de una porción de los fondos de narcotraficantes colombianos.

Pero ese negocio había comenzado casi una década antes. Una investigación de la autoridad tributaria estadounidense, el Internal Revenue Service, afirma que, de todas las acciones criminales descubiertas entre 1978 y 1983 vinculadas con el tráfico de drogas, el 28% involucraba a Panamá. La evolución de los depósitos del sistema bancario durante los años ochenta muestra cómo el negocio financiero comenzó a crecer, pero su despegue definitivo no llegaría sino hasta después de la invasión estadounidense, que desplazó a su otrora aliado Noriega y repuso en el poder a las antiguas elites de banqueros y empresarios. Desde entonces, el sistema bancario y los servicios financieros de Panamá han experimentado una floreciente trayectoria que día a día incorpora, renueva y actualiza su menú de servicios.

Panamá Off shore Legal Services es una pequeña firma de abogados que instaló sus oficinas en el barrio de Bella Vista en la capital del Estado centroamericano, desde donde ofrece la más amplia variedad de productos para sus clientes: “¡Tome el próximo paso para su libertad financiera e inicie su corporación en Panamá hoy! Simplemente llene el formulario de aplicación en línea, y envíenos tan sólo 1.300 dólares para constituir su sociedad o fundación en Panamá. Podemos tenerla lista y funcionando en 2 días laborales. Usted experimentará el alivio de darse cuenta de que ha dado un paso importante para lograr su privacidad financiera, protección de sus activos y diversificación de sus inversiones”, promocionan en su sitio web.

Los letrados de Delvalle & Delvalle son algo más sofisticados y menos inescrupulosos al promover la creación de estructuras off shore: “Desde la sanción de la ley 32 en el año 1927, las sociedades anónimas panameñas gozan de amplios beneficios que las convierten en un instrumento legal sumamente atractivo para quienes desean no sólo pagar menos impuestos legalmente sino también proteger sus activos”, sostienen en su propuesta de negocios. Pero esos beneficios no están disponibles para todo el mundo. La posibilidad está restringida a extranjeros que no residen en el país y que tampoco van a realizar actividades económicas en ese territorio. Por eso son sociedades off shore. Los abogados del estudio informan a sus potenciales clientes que todo el procedimiento puede realizarse a distancia sin necesidad de viajar a Panamá. Además de los beneficios fiscales, como el hecho de que las empresas están sujetas al pago de un irrelevante tributo anual denominado “tasa única” y que los ingresos generados en el exterior están exentos del impuesto a la renta, en Delvalle & Delvalle resaltan “el margen de confidencialidad que ofrecen las off shore panameñas”.

Como todo buen prestador de servicios, los abogados ofrecen fortalecer ese atributo contratando prestanombres, individuos sin ningún poder en la toma de decisiones, para ocupar el directorio de la compañía que sólo podrá ser administrada por su verdadero dueño. La posibilidad de emitir acciones al portador en lugar de títulos que detallen la identidad del titular es otra de las garantías de confidencialidad que, con algunas limitaciones, todavía ofrece Panamá. El servicio básico, en esta firma, cuesta 1.750 dólares. Constituir la S.A. son 850 dólares y los abogados permiten al cliente proponer los nombres de fantasía para su off shore. Entre los requisitos antes de proceder, los panameños solicitan conocer, sin pedir demasiadas precisiones, para qué será utilizada la firma y de dónde provienen sus fondos. Para satisfacer sus controles internos bastará con responder, por ejemplo, “inversiones inmobiliarias” y “ganancias por negocios”. La designación de los directores de paja y la emisión de un “poder general” para que sea el verdadero dueño quien maneje la firma sin exponer su nombre en los registros públicos suma 400 dólares a la cuenta. A esa cifra resta añadir los 100 dólares por el proceso autenticación y apostillado, el pago de otros 100 dólares más por el “certificado de existencia” de la sociedad, una suerte de documento de antecedentes penales que garantiza que la empresa no tiene deudas ni juicios. Los 300 dólares finales van para el pago del impuesto anual.

El paquete completo incluye la apertura de una cuenta bancaria por la que hay que desembolsar unos 750 dólares más.

“Hay aproximadamente 70 bancos internacionales en Panamá que pueden ofrecerle opciones seguras para el manejo de sus transacciones. El proceso de abrir una cuenta bancaria en Panamá puede tomar varias semanas. No obstante, tenga por seguro que una vez se aperture la cuenta, las operaciones y relaciones con el banco se tornan fluidas y sin mayores inconvenientes”, sostienen en otra firma llamada López, Morales y Chiari. Una vez más, entre las ventajas de las cuentas bancarias panameñas, los letrados enumeran la protección y confidencialidad que se les brinda a los depositantes; la libre circulación del dólar estadounidense como moneda de curso legal; la ausencia de controles de cambio sobre la entrada y salida de capitales; seguridad jurídica, y la posibilidad de administrar la cuenta desde cualquier lugar del mundo, aunque advierten que ciertas modificaciones normativas requieren que los interesados viajen a Panamá para reunirse con oficiales del banco elegido. Los estudios como López, Morales y Chiari; Panamá Offshore Legal Services, y Delvalle & Delvalle no le llegan a los talones a Mossack Fonseca. En su apogeo, esa firma contabilizó oficinas en 42 países y más de 500 empleados especializados. Mossack Fonseca era un gigante. Sin embargo, aunque los clientes a los que apuntan y la magnitud de las operaciones difieren, las propuestas de los tres estudios legales son prácticamente idénticas a las operaciones diseñadas por el mayorista off shore. Todos buscan facilitar, mediante un marco de legalidad, maniobras para fugar capitales, lavar activos, ocultar patrimonios y evadir impuestos. Los 2,6 terabytes de información robada de los servidores de Mossack Fonseca dieron forma a los Panama Papers. Los datos ocupan algo así como 39.000 libros y contienen información sobre 214.000 empresas creadas entre 1977 y 2015. Contra lo que sugiere el nombre elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el destino más frecuente para las estructuras reveladas en la filtración fue las Islas Vírgenes Británicas. El número de compañías internacionales de negocios incorporadas en ese territorio britá- nico de ultramar asciende a 113.646. Panamá ocupa en un lejano segundo lugar. El país donde el alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca instalaron su cuartel general albergó 48.360 sociedades.

Bahamas y Seychelles compiten por el tercer puesto con más de 15.000 empresas de cartón cada una, y el top ten lo completan destinos como la Isla de Niue, Samoa, Anguila Británica, Nevada, Hong Kong e Inglaterra. A lo largo de las cuatro décadas que recorre la mayor filtración de información financiera de la historia, los abogados, contadores y escribanos recurrieron a un total de veintiún jurisdicciones para domiciliar las distintas estructuras montadas a pedido de sus clientes. Por eso, aunque efectiva para instalar una historia en las agendas de los medios alrededor del mundo, la designación Panama Papers puede ser confusa.

Los Panama Papers no exponen las facilidades para la fuga, evasión, ocultamiento y lavado provistas por un país en particular. Los Panama Papers evidencian que los llamados “paraísos fiscales”, como las Antillas Holandesas, Barbados, Islas Caimán, Bermudas o Bahamas, no operan de forma aislada. Los documentos robados a Mossack Fonseca ofrecen una muestra contundente para conocer el funcionamiento diario de un engranaje imprescindible en la red global de servicios financieros off shore, el de los intermediarios o facilitadores que ayudan a empresas y a personas de fortuna a fugar capitales. Sin su participación sería muy complicada la evasión, el traslado y la administración de esos activos. Hasta abril de 2016, la firma panameña fue uno de los cinco supermercados mayoristas off shore más grandes del planeta. A ellos recurrían los más prestigiosos bancos, reconocidos estudios de abogados y reputadas firmas contables para satisfacer las complejas necesidades jurídicas y financieras de sus clientes.

Panamá y Mossack Fonseca son eslabones en un negocio que, a escala mundial, permite ocultar entre 7,6 y 32 billones de dólares.

Millones de millones. Doce ceros. Los recursos administrados por el mundo offshore equivalen, en su margen inferior, a la suma de los PBI de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia multiplicada por dos. La estimación más elevada, por su parte, duplica la producción anual de toda la Unión Europea.

  • Una filtración que estalló

Los Panamá Papers, el informe global sobre operaciones offshore derivado de la megafiltración del estudio de contadores y abogados Mossack Fonseca se conoció el 3 de abril de 2016. En Argentina tuvo un impacto propio porque el presidente Mauricio Macri apareció mencionado -fue uno de los cinco mandatarios en funciones entre 11,5 millones de documentos y quedaron a la vista los secretos del entramado financiero que se había tejido para dar soporte a una compleja trama de lavado de dinero, fuga de capitales y evasión impositiva.

El periodista Santiago O’Donnell, elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que centralizó la cobertura de dimensión global, junto con Tomás Lukin, ambos de Página/12 cruzaron información y de allí se alumbró el libro Argenpapers dedicado al capítulo de Argentina en esa trama, en el que aparecen nombres que cruzan el arco político, nuevos empresarios, el establishment permanente y nombres ligados con los fondos buitre: el Presidente y su padre, Franco Macri, Lázaro Báez, Francisco De Narváez, Frávega, Coto, Fernando De Andreis, Pérez Companc, FIFA, Garfunkel, Suiza, Paul Singer, Cristóbal López, HSBC, Arcor, Burzaco y Joseph Lewis.

En una entrevista reciente, Lukin señaló que lo central de las revelaciones del Panama Papers y el reciente Paradise Papers es que permiten “ver al poder económico, al que no se investiga. Estas maniobras que se canalizan en el mundo off shore han inducido a grandes crisis económicas, que siempre terminan con grandes porcentajes de la población en la pobreza”.

Puso como ejemplo que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, mencionado en el Paradise papers por operatorias en off shore antes de ser funcionario público “es el encargado de conducir el proceso de endeudamiento externo que hizo de la Argentina el principal país en contraer la mayor cantidad de deuda en el menor tiempo posible. Y lo dice la agencia Bloomberg, el Banco Internacional de Pagos, las estadísticas oficiales nacionales”.