¿Prisiones preventivas justificadas o venganzas políticas? ¿Peligra el Estado de derecho o es nueva forma de cumplir con la ley? La grieta divide por estas horas las miradas sobre cómo actúan los protagonistas de Comodoro Py 2002, los tribunales políticos por excelencia que ordenaron las detenciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou. Bajo ese escenario, se tejen especulaciones sobre las libertades de otros ex funcionarios, encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández, pero una estela de sospechas abre el juego a preguntarse cómo se paran los jueces cuando las causas salpican al poder mientas en la Casa Rosada ponen la lupa sobre sus sueldos y sus licencias. Para algunos, la ecuación es fácil: una cosa es investigar al poder cuando es poderoso y otra es apuntarle cuando ya dejó de serlo. Pero a esa foto se añade un factor clave: si los jueces que investigan son observados, habrá resultados a la vista. En esa lógica radica la auditoria que apuntó el Gobierno sobre el funcionamiento de los tribunales federales en las causas de corrupción, que pusieron bajo la lupa a varios de los magistrados federales e hirieron susceptibilidades sobre los nombres que no aparecen.

Con un Gobierno engorado por los resultados electorales de octubre, el desafuero y detención de Julio De Vido, el avance del jury al camarista Eduardo Freiler y la renunciada antedatada de la procuradora Alejandra Gils Carbó sonaron a triunfo. Pero el sorpresivo arresto de Amado Boudou –con un video viralizado en donde se lo veía descalzo, joggings, pelos revueltos y lagañas- cayó mal en algunos sectores del Gobierno, que insisten en mirar con desconfianza a los ocupantes del edificio de Retiro. Saben del poder sobre el que mecen los jueces federales. Y saben cómo comenzaran a activar causas contra la Casa Rosada cuando se vea amenazado ese poder con las próximas reformas que pon - gan en manos de los fiscales las investigaciones judiciales.

¿Poder?
"El problema es que los argentinos no podemos dormir tranquilos confiando en la Justicia Penal federal”, disparó días atrás Laura Alonso, titular de la Oficina Anti - corrupción. Lo dijo enojada, en el estudio televisivo del programa Animales Sueltos, desde el que la diputada saliente Margarita Stolbizer la había acusado de esconder investigaciones contra el Gobierno de Macri y activar sólo las de la gestión kirchnerista. “No estoy para calentar una silla como han hecho otros en la OA”, respondió. Pero en medio de su bronca Alonso fue capaz de tras - parentar lo que piensa el entorno de Mauricio Macri sobre Como - doro Py y sus “mensajes”.

A Macri, dicen, no hace falta que le expliquen cómo funcionan las cosas en Py. Los “sufrió” cuando lo procesaron por las escuchas mal llamadas ilegales. Estuvo procesado como jefe de una asociación ilícita que pinchaba telefónicas para espiar a opositores y empresarios. Pero así como las “sufrió” siendo opositor de Cristina Fernández, quedó sobreseído apenas días después de convertirse en presidente, con un expediente al borde del juicio oral. Sus consortes de causas enfrentaran el banquillo en 2019.

En los pasillos de la Casa Rosada, se sostiene que “no se puede confiar en la justicia federal” por su manejo de los tiempos de los expedientes. Aprovechan el mal humor social que se plasmó en dos marchas a tribunales –un feriado en Comodoro Py el 20 de junio y otro al Palacio el 3 de agosto- con carteles que llevaban la cara del fiscal Alberto Nisman, dibujos de trajes a rayas para funcionarios k y escrache a algunos de los 12 jueces federales. La figura intocable en esas movilizaciones fue la diputada Elisa Carrió, gestora de Cambiemos e impulsoras de las primeras denuncias contra el matrimonio Kirchner que se movieron al ritmo de un ciempiés hasta que los globos amarillos llegaron a Balcarce 50. Los jueces se justifican diciendo que con una administración del mismo color que los denunciados, las información clave para avanzar en las investigaciones nunca llegaban.

Acción y reacción
Pero al oficialismo del Consejo de la Magistratura no le satisfacen las medias verdades. Y por eso puso en la mira varios magistrados. Los jueces, mientras tanto, entendieron el mensaje implícito en el caso de Eduardo Freiler, el camarista que votaba en causas sensibles a favor del kirchnerismo y cuya cabeza reclamaba Macri. A Freiler lo suspendieron en una filosa jugada, en donde el juez vio el aval del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y el jefe de la bancada de senadores justicialista, Miguel Pichetto. El próximo 17 de noviembre sabrá si lo destituyen. “El Gobierno sugirió a mi abogado que yo renuncie a cambio de una buena jubilación”, asegura Freiler. Así lo demuestran las experiencias del otrora famoso Norberto Oyarbide, el integrante del tribunal oral Oscar Hergott (acusado de acoso sexual y laboral) y la propia Gils Carbó. El camarista al que Macri identifica con Justicia Legitima no aceptó y enfrentará el final del jury. Mientras tanto, muchos de sus ex compañeros de Comodoro Py creen que si Freiler hubiera renunciado antes, la embestida en su contra hubiera sido menos feroz.

Recalculando
En ese contexto de sospechas y críticas, las palabras de Lilita Carrió se convierten, por lo menos, en sugerencias a ser oídas. El 20 de mayo, Lilita denunció una “orden escrita de ‘omertá’” para proteger a De Vido porque su palabra podía salpicar a “empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos…A todos y eso incluye al Gobierno de Macri”. Mágicamente, las miradas se posaron en De Vido. Y aunque su nombre figuraba en muchos expedientes judiciales, las causas comenzaron a complicársele. El 4 de julio, el fiscal Carlos Stornelli sacudió con un pedido de indagatoria, desafuero y detención para el ex ministro por malversación de fondos en el caso Rio Turbio. No tuvo éxito en el juzgado ni en el Congreso, pero dejó a la intemperie al propio De Vido cuando el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun votó por habilitar arrestos para acusados de corrupción que conserven espacios de poder.

Marche preso
Fue así que cayó preso De Vido pidiendo “champagne para la doctora Carrió y Magnetto”. Una semana después, imprevistamente, fueron presos Boudou y su amigo José María Núñez Carmona. “Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento”, dijo la ex presidenta Cristina Fernández. “Tenemos un estado de derecho deteriorado y se puede dar cualquier cosa”, añadió el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni.

Sobre eso, el fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales, dijo a este diario que no cree que haya “prisiones preventivas políticas”. “Se trata de causas puntuales, donde se advirtió un riesgo procesal”, acotó. Por su parte, la titular de Justicia Legítima, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, advirtió que la prisión preventiva es solo para casos excepciones. “¿Si los ex funcionarios son riesgosos para la investigación, ¿qué se podría esperar de los funcionarios actuales si son denunciados? –se preguntó ante BAE Negocios-. Los jueces que han optado por esta decisión están respondiendo a presión mediática más que a lo que dice la jurisprudencia”.

Los abogados también opinaron. Desde la agrupación del Colegio de Abogado de la calle Montevideo –que motorizó las denuncias contra Gils Carbó- llamaron a “reanalizar los límites de la restricción de la libertad” porque “la privación de la libertad no es un fin en sí mismo”. Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, fue directo: “Nadie defiende a Boudou porque lo tendrían que haber llamado a indagatoria antes y no cuando el juez fue denunciado por lentitud en las causas –dijo a BAE Negocios-. Si no, el mensaje es que se va preso cuando un juez está en problemas”.

  • Riesgos de la libertad

Hasta el 2003, las libertades se regían por una tabla matemá- tica. El Código Procesal Penal decía qué delitos eran excarcelables y cuáles no, en función de las penas máximas y mínimas previstas. Pero a fines de 2003, todo cambió: la Cámara del Crimen porteña ordenó la libertad de un acusado por estafas reiteradas y asociación ilícita, Rodrigo Barbará, hasta que llegara el juicio oral. El fallo sentó jurisprudencia al declarar la “inconstitucional la interpretación” del artículo que facultaba a los jueces a eximir de prisión sólo a los imputados por delitos con penas menores a ocho años. “Se debe partir de la idea del estado de derecho” y tomar como base “la menor afectación de los derechos fundamentales” de las personas, dijeron los jueces. Y tras citar la caída de las Torres Gemelas en Nueva York que había puesto en crisis las libertades, el fallo advirtió que en “un sistema autoritario” la privación de la libertad es utilizada “para aplicar una pena por adelantado”, mientras que “en un Estado democrático” la prisión preventiva es “un medio instrumental y cautelar, debido fundamentalmente a que se basa en la presunción de inocencia de la persona”.

Fue un baldazo de agua fría en los tribunales. Comenzó a regir la interpretación del artí- culo 280 del Código en donde se alude a los riesgos procesales para ordenar detenciones: posibilidad de fuga o entorpecer una investigación. “La tabla matemática era un sistema malo pero previsible. Con el cambio se pasó a un estado de interpretación, abierto a la subjetividad de cada juez”, explicó a BAE Negocios el fiscal federal Federico Delgado, autor junto a Catalina De Elia del libro “La Cara Injusta de la Justicia”.

Las prisiones preventiva comenzaron a alejarse de los expedientes judiciales, salvo en algunos casos puntuales y en la mayoría de los casos de lesa humanidad con la reapertura de los crímenes por la dictadura. Un ejemplo fue el caso de Omar Chabán, el empresario acusado de la tragedia de Cromañon que en 2005 pidió la libertad en base al antecedente Barbará. Chabán lloró ante los jueces y consiguió la excarcelación, pero los familiares de las víctimas destrozaron las puertas de Tribunales al enterarse la noticia. Fue tal la conmoción que provocó que su abogado convenció a Chabán de no pagar la fianza y permanecer tras las rejas. Nadie podía garantizar su seguridad si salía.

En el fuero federal, el antecedente lo dio en 2008 el fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal conocido como “Díaz Bessone”, en donde se estableció que los procesados con prisión preventiva, incluso aquellos acusados por delitos graves (lesa humanidad), tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación o haya peligro de fuga. A eso se sumó un reciente precedente en la CIDH sobre unos financista en Uruguay.