En un fallo de primera instancia dictado en las últimas horas por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, se declaró la inconstitucionalidad de varios de los artículos de las leyes 4.888 y 5.728 mediante los cuales, la Legislatura porteña autorizaba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a privatizar el Sistema de Estacionamiento Regulado.

El 1 de diciembre de 2016 la Legislatura aprobó con 33 votos a favor, la Ley 5.728 que autorizaba la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de 10 años, modificando de esa manera la Ley 4.888.

Cuatro meses después, el 24 de abril de 2017, Gustavo Desplats presentó un recurso de amparo en el que cuestionaba el hecho de que la norma había sido aprobada por mayoría absoluta y en modo de simple lectura, cuando en realidad debió contar con la mayoría de los dos tercios del total de los 40 Legisladores que conforman ese cuerpo, y cumpliendo con el procedimiento de doble lectura y con la realización obligatoria de una audiencia pública.

Ahora, en su resolución fechada el 19 de junio último, el juez Francisco Ferrer hizo lugar a los planteos de la demanda, y declaró inconstitucionales los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 5.728, conjuntamente con sus Anexos, "en tanto contemplan supuestos alcanzados por el articulo 89, incisos 1, 4 y 5 de la Constitución" porteña porque estos debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura exigible.

Asimismo, declaró que encontrándose cumplidos los recaudos impuestos por el articulo 82, incisos 4 y 5 de la Constitución de CABA, resultaba exigible que fueran aprobados por la mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.

"Lo que regulan estas dos leyes es que el estacionamiento medido se extienda a 85 mil cuadras de CABA, cuando en la actualidad hay sólo 4 mil, lo que implicará un incremento cercano al tres mil por ciento más, llegando de esa manera a los barrios de 14 de las 15 comunas porteñas", dijo Desplats, al ser consultado por BAE Negocios.

El demandante, quien coordina la ONG Proto Comuna Caballito, aclaró que a raíz de la sentencia de Ferrer, "el 16 de junio próximo el gobierno deberá dar de baja las concesiones de las firmas Dakota S.A. y BRD S.A.C.I.F.I., las que de manera irregular están desde hace 17 años" operando las grúas de acarreo y el cobro de estacionamiento, "y nosotros vamos a intervenir para que así suceda".

Desplats, quien contó con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de Adolfo Paz, sostuvo que ambas firmas "están cobrando unos 8 millones de pesos por mes mientras que le pagan de canon, 55 mil pesos cada una" al gobierno porteño "lo cual implica un negocio redondo para estas firmas, pero poco fructífero para la Ciudad".

"Lo bueno del fallo es que no declaró la nulidad de toda la ley, sino de los artículos que llamaban a la licitación pública nacional y los vinculados a ellos, dejando viva la cláusula transitoria que obliga a la Ciudad a asumir por cuenta propia el estacionamiento medido, con lo cual, hasta que haya una nueva ley que cumpla con lo establecido por este fallo, no habrá estacionamiento medido en los barrios", agregó el denunciante.

También precisó que ninguna de las dos leyes están vigentes: "La 4.888 devino en abstracta debido a que debió hacerse la licitación antes de un determinado tiempo pero eso no ocurrió, por lo que el gobierno decidió sancionar la 5.728, que ahora se ve envuelta en un hecho más grave porque antes se había llegado a una medida cautelar en contra, mientras que ahora existe un fallo de fondo de primera instancia", consideró Desplats, quien agregó "el gobierno podrá apelar a la Cámara", aunque "se comprometió a no realizar una adjudicación o preadjudicación hasta tanto no haya un fallo firme".

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