En abril, los diputados de Uruguay aprobaron una reforma. Una delegación del PIT-CNT, la central única de trabajadores de Uruguay, entregó hoy a la Corte Electoral el modelo de papeleta con el que promoverá una reforma constitucional. La organización gremial busca retrotraer varias modificaciones del sistema previsional impuestas por el Gobierno. Entre estas modificaciones se encuentra la ampliación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años y la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). "Al final de cuentas, la ciudadanía será quien resuelva", afirmó Marcelo Abdala, titular del PIT-CNT.

Para llevar a cabo esta reforma, la central obrera deberá recolectar firmas equivalentes al 10% del padrón nacional, aproximadamente 270.000 rúbricas, y luego ganar el plebiscito que se realizaría en octubre de 2024. Abdala advirtió sobre las consecuencias de las reformas actuales: "Ya tuvimos dos grandes expropiaciones en esta materia, la primera de las AFAP y la segunda la ley 20.130, que llevó a una transferencia de aproximadamente 2.000 millones de dólares desde el trabajo al capital".

La reforma ha generado el rechazo de las organizaciones sindicales uruguayas. Según El País y La Diaria, Abdala destacó que en la papeleta presentada se garantizan todos los derechos de los trabajadores, incluyendo aquellos que se encuentran en las AFAP de manera forzosa. Abdala y otros dirigentes dejaron un sobre con la boleta que será revelada una vez aceptada por la Corte.

Frente a las advertencias del Gobierno sobre las consecuencias de la derogación de la reforma, Abdala consideró natural que el Ejecutivo esté en contra de esta iniciativa que impulsó cambios negativos para la población trabajadora. "Nadie verá deteriorados sus derechos. En una sociedad dividida en clases, siempre habrá distintas opiniones. Estamos convencidos de la nuestra", declaró.

José Korzeniak, ministro de la Corte Electoral, explicó que "ahora viene la instancia en la que será necesaria la recolección de firmas" y luego se comunica a la Asamblea Legislativa, que define la fecha de la consulta. Según la Constitución, las firmas deben ser entregadas seis meses antes de la elección nacional, el único plazo existente para este tipo de iniciativas.

La nueva ley, que entró en vigencia el 1 de agosto, amplía la edad de jubilación a los 65 años y establece un tratamiento especial para familias con hijos discapacitados. También permite a las personas jubiladas mantener un empleo y dispone de un "suplemento solidario" para los haberes más bajos, entre otros puntos.