El Consejo de Estado de Colombia ratificó la semana pasada una medida cautelar que prohíbe el fracking en todo el territorio, no obstante lo cual la disputa legal y la polémica continúan y los activistas ambientales denunciaron una fuerte "presión mediática" del Gobierno y las empresas, al tiempo que denunciaron extracciones ilegales.

Según reportó el sitio web Sputnik, en su resolución el Consejo (máximo tribunal en lo Contencioso Administrativo) rechazó un pedido hecho por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para revocar la medida cautelar que el mismo organismo había resuelto en noviembre de 2018, a partir de un recurso de nulidad presentado contra dos normas de 2013 y 2014 que habilitaban el uso de fracking en suelos colombianos. El fallo mantiene la medida cautelar mientras analiza la cuestión de fondo, que es la posible afectación ambiental por el uso de esa técnica.

Frente a esta decisión del Consejo de Estado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, dijo que "lo que hizo el Consejo de Estado fue una cosa inaudita, le quitó al país la posibilidad de tener cuatro pilotos para decidir si se debe hacer o no fracking".

Añadió el dirigente empresario que "esta no era una decisión definitiva para empezar a aplicar las alternativas de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, sino que al levantar la suspensión de las normas se permitiría probar si en el país se puede o no aplicar este tipo de técnicas".

La polémica pública en Colombia en torno al fracking se desató en 2013, cuando el Ejecutivo firmó el decreto 3004 en el que se establecieron "los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales". La preocupación de las organizaciones ambientales se confirmó un año después, cuando la resolución 90.341 del Ministerio de Minas y Energía habilitó la "estimulación hidráulica" como uno de los métodos para explotar los yacimientos no convencionales.

La técnica de estimulación o fractura hidráulica, conocida por el término fracking, consiste en bombear a muy alta presión un fluido compuesto por agua, químicos y arena para quebrar el esquisto bituminoso, como se denomina a las rocas que contienen hidrocarburos. La fractura permite que el gas o los hidrocarburos contenidos en la roca asciendan junto con el fluido inyectado.

Sin embargo, la técnica es cuestionada por sus graves impactos ambientales. La Alianza Colombia Libre de Fracking consigna que la fractura hidráulica puede contaminar cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales debido a la gran cantidad de químicos que se utilizan durante el procedimiento. Al mismo tiempo, alertan sobre los estudios científicos que aseguran que el uso de fracking repercute en el aumento de la sismicidad, o sea, la frecuencia de terremotos.

A pesar de la victoria de la semana pasada, el camino hacia un fallo definitivo no estará exento de dificultades para los detractores del fracking. En ese sentido, Luis Enrique Orduz, abogado de Corporación Podion ùuna de las organizaciones que integra la Alianza Colombia Libre de Frackingù, señaló la gran "presión mediática" que existe a favor del uso de la técnica y que según el activista proviene de "desde las agremiaciones económicas y las instituciones del Poder Ejecutivo, hasta líderes de opinión".

"La presión mediática es impresionante y el argumento fundamental es la autonomía energética. Dicen que a Colombia le quedan 11 años de autonomía de gas y con el fracking se extendería a 30 años y que quedan cinco años de autonomía de petróleo y que esta técnica lo llevaría a 13 años", señaló Orduz.

Mientras los reclamos avanzan en la órbita administrativa, la Alianza Colombia Libre de Fracking denunció que Drummont, una empresa estadounidense instalada en Colombia, se encontraba explotando 15 pozos de gas metano de carbón (también conocido como mantos de carbón), un tipo de gas que se extrae de yacimientos no convencionales con una técnica similar a la del fracking.

La empresa asegura que la técnica que utiliza no es la misma que se encuentra cuestionada en la órbita administrativa colombiana, pero Orduz considera que el método específico de extracción no es el punto y que la firma no debería estar autorizada a operar mientras siga vigente la medida cautelar.

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