El Tribunal Supremo Federal de Brasil retiró de su agenda de hoy la evaluación de una petición de la defensa del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva para ponerlo en libertad.

"De orden, certificamos que el proceso fue retirado del calendario de juicios del día 25/6/2019", dijo la corte en el sistema electrónico que informa del estado del proceso, según recoge la Agência Brasil.

La petición de los abogados de Lula exigía la anulación de su condena argumentando que el juez que le condenó en primera instancia, Sérgio Moro, nunca actuó de forma imparcial.

El recurso se presentó en noviembre, poco después de que se anunciara la entrada de Moro en el Gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia, y se reforzó recientemente a raíz de las revelaciones del medio digital The Intercept sobre la Operación Lava Jato que sugieren que el juez cooperó con la Fiscalía en el proceso contra Lula.

Ante los rumores de que los jueces del Supremo iban a aplazar sine die la evaluación del recurso en favor de Lula sus abogados pidieron que se observaran las disposiciones legales para dar prioridad a esa petición, algo que no sucedió.

El propio Lula también se manifestó ayer, a través de una carta dirigida a su ex ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim.

En la misiva, criticaba que personas muy "poderosas", tanto de Brasil como del extranjero, tenían interés en que el Supremo no deliberara sobre su puesta en libertad. Y afirmó que "sólo hay que analizar el proceso con imparcialidad para darse cuenta de que Moro estaba decidido a condenarme incluso antes de recibir la denuncia de la fiscalía. Ordenó invadir mi casa y llevarme a la fuerza a declarar sin haberme citado. Mandó intervenir mis teléfonos, los de mi mujer, los de mis hijos y hasta los de mis abogados, algo muy grave en una democracia".

Lula está preso desde abril de 2018 en Curitiba, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

El ex mandatario fue acusado de recibir de manos de la empresa OAS (una de las contratistas de Petrobras) un apartamento en Guarujá (costa de SÒo Paulo, sureste), que según la Justicia sería una recompensa por los favores prestados dentro de la trama de corrupción de la petrolera estatal; Lula siempre negó que el inmueble fuera suyo.