Tras una serie de órdenes judiciales encontradas, actos de desobediencia de la Policía Federal brasileña y horas de confusión y expectativas de inminente liberación, el presidente del Tribunal Regional Federal Número 4 (TRF-4) del Brasil decidió que el ex presidente Lula da Silva continúe preso en Curitiba.

Todo el sainete se inició cerca del mediodía de ayer, cuando el juez Rogério Favreto, de turno en el TRF-4 ordenó la liberación de Lula, tras un pedido de "habeas corpus" de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, que argumentaron que debía liberarse al ex mandatario ya que por no tener aún sentencia definitiva, se veían afectados sus derechos constitucionales al no poder hacer campaña en virtud de su condición de candidato presidencial.

Sin embargo, posteriormente, el juez federal JoÒo Pedro Gebran, involucrado en los procesos del caso de corrupción Lava Jato, determinó que no debía cumplirse la decisión tomada por Favreto. Pero Gebran no podía tomar esa disposición, por estar de vacaciones. No obstante el magistrado, responsable de analizar y juzgar los recursos de todos los presos condenados por Lava Jato, reiteró su autoridad en el caso del exmandatario y aseguró que la tramitación del "habeas corpus" debía ser revisada por él.

Previamente, el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, se había negado a cumplir inmediatamente lo estipulado por Favreto. Según el magistrado, su colega "no tiene la competencia para tomar esa decisión de manera mesocrática" y el colegiado del Tribunal Supremo Regional "no tiene los poderes" para autorizar su salida.

Luego de la intervención de Gebran, Favreto emitió otra resolución ratificando la orden de liberación, que fue incumplida por la Policía Federal brasileña, mientras se buscaba al presidente del TRF-4, Thompson Flores, para zanjar la batalla judicial entre los dos magistrados de dicha corte. Finalmente Flores determinó que el expresidente de Brasil continúe en prisión.

En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Desde el pasado 7 de abril permanece preso en Curitiba (Paraná), en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato, que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y los sobornos que pagó la constructura Odebrecht.

Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen a la entrega del inmueble.

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