La Fiscalía brasileña pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que rechace el recurso presentado por la defensa del expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva para suspender la pena de doce años y un mes de prisión que cumple desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva y lavado de dinero, informaron fuentes oficiales.

La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, envió un documento de 80 páginas a la Corte Suprema en el que asegura que no hay "plausibilidad" en el recurso de la defensa de Lula contra la condena en segunda instancia que recibió en enero en el marco del caso Lava Jato.

Para Dodge, no hay argumentos convincentes para que la condena de Lula sea reducida o para que éste pueda ser liberado, y criticó que los argumentos presentados por la defensa son inadmisibles e improcedentes y por esto, no hay motivo para suspender la prisión hasta que se juzguen los recursos en instancias superiores.

La defensa de Lula presentó en junio un recurso para que el exmandatario pueda permanecer en libertad mientras los máximos tribunales del país se pronuncien sobre el proceso por el que fue condenado.

La Corte Suprema solicitó a la Fiscalía una opinión sobre el recurso de la defensa, enviado ayer por Dodge. La Fiscal también aseguró que Lula fue uno de los líderes de la gran red corrupta alrededor de la petrolera estatal Petrobras gracias a su cargo e influencia.

"Valiéndose de su cargo y de su posición en el escenario nacional, Lula no sólo permitió toda la red de recaudación de coimas oriundas de Petrobras para diversos partidos sino que intervino para que sus efectos se perpetuasen mediante el nombramiento en cargos de dirección de la estatal a personas comprometidas con los actos de corrupción", aseguró la fiscal.

"Es evidente que el motivo de los delitos fue la ambición de enriquecimiento desmedido y el mantenimiento en el poder, lo que comprometió el correcto funcionamiento del proceso decisorio de Petrobras", agregó Dodge, para quien la condena que recibió Lula fue "proporcional y adecuada".

El exmandatario cumple una pena de doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras, acusado de haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla desde el poder.

La defensa del expresidenta brasileño ha intentado en varias ocasiones que permanezca en libertad mientras se juzga su caso en las instancias superiores, aunque todos sus recursos han sido negados.

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