Miles de personas se concentraron en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar la libertad de los dirigentes políticos y sociales independentistas presos, en el marco de una jornada de huelga general y tensión en Cataluña, donde decenas de piquetes colapsaron calles y rutas.

Con el lema “Libertad presos políticos”, los manifestantes abarrotaron la emblemática plaza barcelonesa, en la que están situados el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat (Ejecutivo), y volvieron a clamar a favor de la independencia de Cataluña y contra la “represión” del Ejecutivo central de Mariano Rajoy, que intervino la norteña región.

‘¡Libertad! ¡Libertad! coreaban los concentrados, que también reivindicaron al ex presidente depuesto, al grito de ‘(Carles) Puigdemont es nuestro presidente’. ‘Hoy Cataluña está en la prisión y nosotros debemos demostrar nuestra irritación’, aseguró desde el escenario de la plaza Agustí Alcoberro, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización civil secesionista. Alcoberro convocó además a la marcha de los independentista para este fin de semana para pedir la libertad de sus dirigente encarcelados.

Las protestas, que se repetirán por la tarde frente a los ayuntamientos de los pueblos y ciudadanos de Cataluña, tienen lugar durante una jornada de huelga general convocada por el sindicato minoritario independentista UStec-Stes, que provocó importantes problemas de movilidad en las rutas, con más de medio centenar de piquetes.

A primera hora de la mañana, un grupo de manifestantes irrumpió en la vías del tren de Alta Velocidad AVE en Girona, donde cortó la circulación, y se produjeron cortes intermitentes en algunas de las vías de los trenes de cercanía de Barcelona, según informan medios locales.

Se vivieron momentos de tensión entre los automovilistas y los huelguistas, y el incidente más importante se produjo en la Gran Vía de Barcelona, cuando la policía nacional despejó a la fuerza, con porrazos, a los manifestantes que cortaban esta arteria de acceso a la ciudad condal.

“Los catalanes somos gente de paz. Nuestra causa es la de la razón sin violencia. Hacemos que sea así siempre. Hoy también”, escribió en Twitter con motivo de la protesta el ex vicepresidente Oriol Junqueras, uno de los dirigentes presos.

El jueves último, la justicia ordenó la prisión sin fi anza para el ex vicepresidente catalán Junqueras y otros siete ex miembros del gobierno depuesto, acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por su plan para llevar a Cataluña a la secesión.

Además, la jueza Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra Puigdemont y cuatro ex consejeros de su gobierno que se encuentran con él en Bélgica, y que están acusados por los mismos delitos, que conllevan graves penas de prisión. Puigdemont y sus compañeros están en libertad provisional pendiente del proceso de extradición en su contra, con lo que podrían ingresar también a prisión.

  • Escalada de tensión en una ciudad dividida

Las protestas y la huelga general muestran una escalada en el confl icto secesionista de Cataluña a pesar de que las elecciones convocadas por el gobierno de Rajoy para el 21 de diciembre prometen devolver la normalidad. Muestra de la división es que la huelga afecta de forma muy desigual a Cataluña, con alta adhesión en la administración pública y escuelas.

El aeropuerto internacional El Prat de Barcelona y el servicio de subterráneo y colectivos funcionaban con normalidad, después que los comités de empresa rechazaron unirse a la medida de fuerza, al igual que las plantas de las automotrices Seat y Nissan, que son los centros de trabajo más importantes de Cataluña.

  • El Tribunal Constitucional anuló la Declaración Unilateral de secesión

El Tribunal Constitucional (TC) español anuló la Declaración Unilateral de Independencia acordada por el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre, y declaró inconstitucional la ley que regulaba la transición hacia la república catalana, aprobada por los secesionistas.

El pleno del alto tribunal, por unanimidad, también pidió a la Fiscalía que denuncie por desobediencia a sus sentencias a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a dos miembros de la Mesa de la cámara, Ana Simó y José María Espejo, medida que había solicitado el gobierno español de Mariano Rajoy, informaron fuentes judiciales.

La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán había sido suspendida el pasado 31 de octubre, cuando se admitió a trámite el recurso del gobierno. Lo mismo ocurrió con la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que fue suspendida el 21 de octubre.

En su resolución, el TC destaca que la norma contraría “de modo explícito, principios esenciales e indisociables” del “ordenamiento constitucional” como “la soberanía nacional” y “la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho” a la que están sujetos los poderes públicos, incluido el Parlamento de Cataluña.

Los magistrados insistieron en que en la Constitución cabe cualquier concepción ideológica, pero advierte que cuando un poder público pretende alterar el orden constituido de forma unilateral, “abandona” la senda del Derecho “con el consiguiente daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”.

Esto último es lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña, señalan. El TC había anulado también la ley del referéndum y el decreto de la convocatoria de la votación del 1 de octubre, que se celebró pese a que había sido prohibida.

Por otro lado, los mismos magistrados decidieron retirar las multas de 12.000 euros diarios que había impuesto a los miembros de la Sindicatura Electoral, órgano declarado “inconstitucional y nulo”.