La Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil se plantó ayer contra un posible aumento de impuestos, destinado a cubrir el agujero fiscal que dejará un subsidio al diésel que el Gobierno que encabeza Michel Temer ofreció para contener la huelga camionera que mantiene paralizado al país.

"En vez de querer aumentar más la ya pesada cargada tributaria que pesa sobre el sector productivo y la sociedad brasileña en general, el Gobierno debería trabajar para reducir la burocracia y los gastos cada vez mayores del Estado", indicó la CNI en una nota.

El comunicado le salió al paso a una declaración del ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, quien admitió que para cubrir el coste del subsidio al diésel que el Gobierno ha ofrecido a los camioneros para acabar con una huelga que ayer llegó a su noveno día, se opte por aumentar algunos impuestos ya existentes o en su defecto se creen nuevos tributos.

"El camino para que Brasil salga de la crisis pasa por crear las condiciones necesarias para que el país vuelva a crecer", aseguró la patronal de los industriales.

La carga tributaria en Brasil equivale a cerca del 35 % del Producto Interno Bruto (PIB) y es objeto de críticas constantes del sector empresarial, que desde hace años demanda una reducción a fin de que se facilite la inversión y la actividad productiva.

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, el subsidio anunciado para el diésel costará unos 9.500 millones de reales (2.638 millones de dólares) hasta diciembre próximo, para cuando el Gobierno prevé que el déficit fiscal acumulado este año llegará a 159.000 millones de reales (43.561 millones de dólares).

A fin de no crear una mayor presión fiscal, el Gobierno ha sugerido que el coste de ese subsidio será compensado por la vía tributaria, aunque no ha aclarado si será mediante un aumento de impuestos o la creación de nuevos gravámenes.

Pese a la oferta del Gobierno y a un acuerdo anunciado el pasado domingo con los sindicatos, la huelga camionera que comenzó el 21 de mayo pasado, ayer todavía seguía vigente la medida en algunas regiones del país, aunque perdía fuerza gradualmente.

De todos modos, el desabastecimiento causado por la paralización no había sido superado y todavía escaseaban desde los combustibles hasta los alimentos en la mayor parte del país.

Ante la presión empresaria, ayer el ministro Guardia aclaró que "en ningún momento" el Gobierno evaluó aumentar los impuestos para pagar un recorte en los precios del diésel, revirtiendo de esta manera la declaración que él mismo había efectuado en la víspera.

El lunes, Guardia había dicho que el Gobierno necesitaría elevar los impuestos o recortar algunos beneficios fiscales para compensar la pérdida de ingresos derivada de la reducción impositiva al diésel que el Ejecutivo acordó para desactivar una protesta de camioneros de nivel nacional.

En declaraciones ante una comisión del Senado, Guardia dijo ayer que la libertad de fijar precios de la petrolera estatal Petrobras sigue "completamente intacta".

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