El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó formalmente a las puertas de ser enviado a prisión, luego de que el tribunal de apelaciones de Porto Alegre rechazó los últimos recursos sobre su condena a 12 años de cárcel, cuyo cumplimiento depende de un hábeas corpus que tratará el próximo 4 de abril la Suprema Corte de justicia.

Tras el rechazo por unanimidad de los recursos, Lula afirmó durante un discurso ante una multitud: "Que los que nos agreden preparen todo el odio que tienen, porque el que odia así va a tener una úlcera, les pido que tengan calma, que esperan las elecciones, pueden llorar o aplaudir cuando sea electo presidente".

El ex presidente recibió un revés esperado de la octava sala del Tribunal Regional de Porto Alegre, la misma que lo condenó a 12 años y un mes de cárcel el pasado 24 de enero.

La cámara de apelaciones de Porto Alegre rechazó por unanimidad los recursos llamados Embargos de Declaración presentado por la defensa de Lula por considerar que hubo errores y mentiras en la prueba utilizada para la sentencia que ratificó la del juez Sérgio Moro.

Ahora todo dependerá del Supremo Tribunal Federal, que la semana pasada fijó para el 4 de abril próximo el juzgamiento del hábeas corpus presentado por Lula para no ser detenido sin que se cumpla el precepto constitucional de que la sentencia no está firme porque no pasó por todas las instancias.

En caso de que la corte rechace el pedido de Lula, el ex presidente deberá ser detenido para cumplir su condena por corrupción y lavado de dinero al ser encontrado receptor oculto de un apartamento en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, contratada por Petrobras.

Lula sostiene que es un perseguido y que la Operación Lava Jato, con sus fiscales, Moro y tribunal de Porto Alegre, tienen objetivos políticos.

Pero el fin de los recursos de segunda instancia también abren la puerta electoral del caso Lula: así, el líder del PT, favorito en las encuestas, quedaría inhabilitado.

Es que la Ley de la Ficha Limpia promulgada en la presidencia de Lula (2003-2010) impide que un condenado en dos instancias sea candidato, aunque ello depende del Tribunal Superior Electoral, cuando analice las candidaturas en agosto.