En una nueva muestra de la imparable judicialización de la política en Brasil, fiscales de ese país acusaron formalmente a Geraldo Alckmin, el candidato presidencial preferido por el establishment, de conducta administrativa irregular por supuestamente haber recibido 10 millones de reales (2,40 millones de dólares) en financiamiento ilegal de campaña.

Los cargos, que deben ser aceptados por un juez antes de iniciar un juicio, constituyen un revés para la campaña electoral de Alckmin, cuyo principal problema hasta ahora era su escasa incidencia entre los votantes brasileños. Según la ley brasileña, un político sólo puede quedar impedido de participar en comicios si es condenado por un delito y la sentencia consigue resistir los procesos de apelaciones, lo que no ocurrirá antes de las elecciones del mes próximo. Por lo cual es poco probable que la acusación aniquile por completo las ambiciones electorales de Alckmin, aunque sí pueden esmerilar su figura.

Los fiscales alegan que Alckmin recibió indebidamente 10 millones de reales (2,41 millones de dólares) en fondos de campaña de Odebrecht SA, un conglomerado de construcción salpicado de escándalos a nivel internacional, cuando se postulaba para gobernador del estado de Sao Paulo. Fiscales de ese estado, que está a cargo de la investigación, se negaron a emitir comentarios.

Las acusaciones fueron reveladas un día después de que Fernando Haddad, quien posiblemente se convertirá en el candidato a la presidencia del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), fuera acusado de corrupción por fiscales en Sao Paulo.

La denuncia por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita, esta relacionada con la supuesta recepción de 2,6 millones de reales (unos 625 mil 000 dólares) por parte de Haddad, de manos de la empresa UTC Ingeniería. Asimismo, la Fiscalía también denunció al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), JoÒo Vaccari Neto, por supuestamente intermediar con los empresarios de UTC en nombre de Haddad.

Voceros de Haddad expresaron su indignación, destacando el hecho de que esta denuncia aparezca justo en periodo electoral, al tiempo que argumentaron que la Fiscalía no se basa en pruebas, sino en declaraciones acusatorias del directivo de UTC, Ricardo Pessoa, que "cuenta las historias en función de sus intereses".

La defensa del dirigente lulista argumentó que anteriores confesiones de este empresario a la Justicia han sido desechadas por contradictorias.

Haddad fue alcalde de SÒo Paulo entre 2013 y 2017 y, previamente, fue ministro de Educación durante siete años junto al expresidente Lula y a su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016).

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