La Justicia española dio un golpe de efecto en el arranque de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, al retirar las órdenes europea e internacional de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont, quien por ahora no asumirá el riesgo de regresar a España.

Los partidos independentistas consideraron que la decisión judicial es una "trampa", mientras la oposición "constitucionalista" celebró la medida por considerar que contribuye a "normalizar" la campaña y resta argumentos de "victimismo" a los secesionistas.

El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena adoptó la decisión por razones jurídicas, para evitar que Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gobierno cesado que permanecen con él en Bruselas se pudieran beneficiar de una extradición para ser juzgado sólo por algunos de los delitos que se le imputan: rebelión, sedición y malversación.

No obstante, la medida tiene también trascendencia política y electoral, puesto que el ex presidente y candidato de Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) ya no puede esgrimir tan claramente que no puede regresar a España para hacer campaña en Cataluña.

El juez Llarena valoró el cambio de escenario, con las elecciones en el horizonte, y remarcó que "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se presentaron recientemente".

Pero la medida judicial tiene alcance europeo e internacional. En caso de regresar a Cataluña, los independentistas serán detenidos y llevados ante el Tribunal Supremo.

Puigdemont al igual que el resto de dirigentes encarcelados mantienen sus derechos reconocidos en la Constitución española de poder participar en las elecciones, porque sobre él no pesa ninguna condena firme ni inhabilitación.