El Senado de Brasil aprobó ayer, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, que pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.

Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional, ya que la Cámara baja también lo había hecho la víspera por amplia mayoría (340 votos a favor y 72 en contra), la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya cuenta con aval completo para regir.

La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas "balas perdidas".

La votación de ayer en el Senado comenzó tres horas después de lo programado y aunque fue ágil, estuvo marcada por el rechazo de la oposición a la medida.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, dijo que la intervención no fue planificada ya que "no es papel de las Fuerzas Armadas ejercer funciones de policía".

Por su parte, el también senador del PT Humberto Costa reconoció la gravedad del problema de seguridad pública, no solo en Río de Janeiro sino también en otros estados y culpó de esto al presidente Temer, por su falta de acción en esta materia.

Desde el mismo momento en que fue decretada la medida, esta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas que evidenciaron su preocupación por una intervención federal que dará poder al Ejército sobre la seguridad del estado de Río de Janeiro.

La decisión de Temer "va en la dirección equivocada porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río", dijo a Efe César Muñoz, vocero de HRW Brasil.