La jueza Carolina Moura Lebbos, titular del tribunal federal de Ejecuciones Penales de Curitiba, rechazó un pedido presentado por la defensa del ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, para que pueda grabar videos, dar entrevistas y realizar actos de campaña a través de video conferencias desde la cárcel, donde cumple una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Y si bien hasta ahora el Partido de los Trabajadores (PT) ha insistido en que no tiene un "plan B" para Lula, la decisión de la jueza incrementa las posibilidades de que el partido decida lanzar la candidatura presidencial del ex alcalde de SÒo Paulo, Fernando Haddad, o del ex gobernador de Bahía, Jaques Wagner, durante las próximas semanas.

La defensa había argumentado que, por ser precandidato a la presidencia, Lula debía poder ser entrevistado en las mismas condiciones que los demás candidatos.

"El preso se somete a un régimen jurídico propio, no siendo posible, por motivos inherentes al encarcelamiento, asegurarle derechos de la misma amplitud que aquellos ejercidos por el ciudadano en pleno gozo de su libertad", argumentó Lebbos al rechazar el pedido.

"Aunque el partido declare que el imputado será el pre candidato para el cargo de presidente, en los términos de lo establecido" por la ley "su situación se identifica con el estado de inelegible", aseguró la jueza. Según la legislación electoral, no pueden ser candidatos los condenados en segunda instancia, como Lula. Asimismo, la jueza insistió en la necesidad de "preservar la seguridad y estabilidad del ambiente carcelario, que no permite el contacto con el mundo exterior" como las entrevistas y actividades de campaña solicitadas por los abogados del ex Presidente.

La defensa de Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) argumenta que el ex mandatario no ha perdido sus derechos políticos, por lo que puede presentar su candidatura presidencial. Para el 15 de agosto el PT ya está preparando una actividad en Brasilia para acompañar la candidatura del ex mandatario.

Asimismo, estiman que no puede haber impugnación previa al registro de la candidatura, ya que cabe a la Justicia Electoral (no a la Penal) definir quiénes pueden o no participar de la contienda.