Carles Puigdemont no se unirá, de momento, a los ocho ex consejeros del gobierno catalán encarcelados en España. El juez de instrucción belga decidió dejarlo en libertad provisional, al igual que a los cuatro ex consejeros que se habían entregado junto con él. El ex presidente y los cuatro ex consejeros que permanecen en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) declararon durante más de cinco horas ayer ante el juez belga, que valoró la orden de detención y traslado a España solicitada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Todos se habían presentado voluntariamente a las 9:17h. en una comisaría de Bruselas, donde fueron arrestados por la policía belga. La detención era indispensable para que el ex presidente y los ex consejeros cesados pasaran a disposición judicial.

La defensa alega ante la Justicia belga que los políticos, de volver a España, no tendrían un proceso judicial justo en la Audiencia Nacional, el mismo órgano que envió a prisión incondicional a Oriol Junqueras y siete ex consejeros por la falta de competencia que, aseguran, tiene este tribunal para investigar los delitos de rebelión y sedición.

Asimismo, añaden que la ley española no ampara la investigación por estos dos delitos de la declaración y la acción del Govern en favor de la independencia de Cataluña. El abogado de dos ex consejeros, Gonzalo Boye, ha afirmado que Puigdemont y sus ex ministros, con su partida a Bruselas, “no se han escapado de la justicia sino de la injusticia”.

Con todo, el periplo judicial belga de Puigdemont no ha terminado este domingo. En 15 días, la “Chambre du Conseil” un tribunal de primera instancia, distinto al juez instructor deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la jueza Lamela.

El fallo de este tribunal tampoco será definitivo, pues tanto la defensa de Puigdemont como la acusación (en este caso, la Fiscalía y la Audiencia Nacional españolas) podrán recurrirla.