El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió ayer seis meses en el poder con la economía al borde de otra recesión y una compleja relación con el Parlamento, en cuyas manos están varias reformas consideradas vitales por el actual gobernante.

Bolsonaro rompió con la tradición del "presidencialismo de coalición", modelo mediante el cual los gobiernos anteriores distribuían ministerios entre los distintos partidos a cambio de apoyo parlamentario. Esta disrupción hoy le está costando caro, ya que la administración no ha conseguido enhebrar una coalición oficialista sólida, en un Congreso dividido en una treintena de fuerzas políticas, que además no tienen una silla en el gabinete.

Esta falta de un oficialismo parlamentario explica la opción de Bolsonaro por los decretos ejecutivos, incluso para algunos asuntos sensibles como la liberación de la venta y el porte de armas, suspendidos luego por el Senado.

Y esa anomia política parece estar repercutiendo con fuerza en los actores económicos brasileños.

Después de la grave crisis del período 2015-2016, en el que la economía brasileña perdió siete puntos porcentuales, y tras un bajo crecimiento del 1% en 2017 y 2018, el Producto Bruto Interno ( PBI) cayó un 0,2% en el primer trimestre de este año y se teme que ocurra lo mismo en el segundo, lo que supondría una nueva "recesión técnica".

El Congreso ya descartó un régimen de capitalización en lugar del actual de reparto

El Banco Central ya ha reducido su proyección de crecimiento para 2019 al 0,8%, desde el 2% que proyectaba en enero (ver aparte), y el Gobierno se propone combatir ese escenario, que incluye a trece millones de desempleados, con una reforma del sistema del sistema jubilatorio que enfrenta obstáculos en el Congreso, y que es hasta el momento la única propuesta económica concreta. La medida busca un ahorro fiscal equivalente a 265.000 millones de dólares en diez años, lo que según el gobierno acabaría con el crónico déficit público y liberaría recursos para áreas claves como educación y salud.

Sin embargo, el Congreso ya descartó la adopción de un régimen de capitalización en sustitución del actual sistema de reparto, un cambio que para el ministro de Economía, Paulo Guedes, era clave para el futuro de las cuentas públicas brasileñas. Tampoco avanzaron, al menos en la dimensión esperada, los planes de privatización anunciados por el Ejecutivo, ni la reforma tributaria que exige el sector empresario para bajar una carga impositiva equivalente a casi el 35 % del PIB.

Todo ese mar de fondo se ha reflejado en los sondeos de opinión, en los que la imagen del gobernante ha caído en forma continua desde su investidura, el pasado 1 de enero. Sin contar con el escándalo del arresto en España de un militar integrante de la comitiva presidencial, que llevaba 39 kilos de cocaína en su equipaje.

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