La representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) celebró el jueves la sentencia contra cinco militares por la ejecución extrajudicial de dos estudiantes en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León (norte), perpetrada en 2010.

El organismo "saluda la sentencia del Tribunal Colegiado de Apelación del cuarto circuito del Poder Judicial de la federación en el estado de Nuevo León, relacionada con la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey", indica un comunicado.

El 19 de marzo de 2010, los dos estudiantes fueron asesinados en forma arbitraria dentro del campus de la universidad por soldados del Ejército.

Los militares "alteraron la escena del crimen con el objetivo de simular una agresión en su contra y evadir su responsabilidad", según la sentencia.

Desde hace más de 14 años, las familias de las víctimas, junto con personas y colectivos que las han acompañado, han exigido justicia de forma incansable.

El 5 de diciembre pasado, en una resolución que recién se ha hecho pública, el Tribunal confirmó, por unanimidad, la sentencia condenatoria dictada por un juzgado en materia penal el 13 de octubre de 2023 contra cinco militares involucrados en los hechos.

"Tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los efectivos militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen", indica Acnudh.

Esta decisión que reivindica a las víctimas reconoce en forma explícita que los dos estudiantes fueron víctimas de "ejecución extrajudicial", y recoge la importancia del Protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos, agrega el organismo de la ONU.

La resolución también evidencia la importancia de "contar con autoridades judiciales independientes y profesionalizadas".

También pone de manifiesto la importancia de "establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de naturaleza civil sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública", indica el posicionamiento.

Acnudh recuerda que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública "debe ser temporal, en tanto se adopta un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de estas tareas, al tiempo que se fortalecen las capacidades de los cuerpos de policía civiles".

Múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han reiterado este llamado, además de cuestionar que la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública, esté integrada en su inmensa mayoría por militares, bajo mando de las Fuerzas Armadas y la cartera de Defensa.

Fuente: Sputnik