ONU pide reparar a víctimas de represión en protestas antigubernamentales en Perú

La Organización de las Naciones Unidas analizó uno de los temas de actualidad

Redacción Veintitrés

Las víctimas de represión durante las manifestaciones antigubernamentales de inicios de año en Perú deben ser reparadas y sus agresores juzgados, dijo el jueves el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

"La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a sanar heridas y generar confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir reparación integral", demandó Türk al presentar un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Perú.

El diplomático agregó que los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas mediante procedimientos judiciales justos.

En su reporte, la Oficina advirtió que las autoridades peruanas deben emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones, continuar los esfuerzos de rendición de cuentas y permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo.

La entidad analizó la conducta de las fuerzas de seguridad de Perú durante las protestas que siguieron a la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), las cuales exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria y desproporcionada, incluida fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos", señala el reporte de la Oficina.

Según los datos verificados, 50 personas murieron y 821 resultaron heridas en las protestas registradas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, durante las cuales también resultaron lesionados 208 miembros de las fuerzas de seguridad.

El estudio encontró que se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones, pero 221 de ellas fueron cerradas por falta de pruebas.

La administración Boluarte proporcionó apoyo económico a las víctimas y sus familias, 266 personas identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Es primordial que se aborden los agravios y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Es necesario un diálogo nacional inclusivo", agregó Türk.

Del 19 al 31 de julio pasado se registró ola de manifestaciones en todo Perú, durante las cuales 64 manifestantes y 12 agentes resultaron heridos, mientras los colectivos indígenas fueron sometidos a actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica.

Fuente: Sputnik

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