Honduras fue denunciado por primera vez ante el Comité de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) por la "prohibición absoluta" del aborto, informaron este miércoles las organizaciones demandantes.

"Por primera vez en la historia, Honduras es llevado ante la ONU por la prohibición absoluta del aborto. El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentaron el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de pedir justicia en su nombre", anunciaron las organizaciones en conferencia de prensa.

Fausia es una mujer indígena y defensora de derechos humanos hondureña del Pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar un embarazo no deseado.

Las organizaciones denuncian que Honduras violó sus derechos humanos al imponerle un embarazo y una maternidad forzada, debido a la prohibición total del aborto vigente en el país.

"La penalización absoluta del aborto y su prohibición en la Constitución no evita que ocurran abortos pero sí orilla a las mujeres a hacerlos en la clandestinidad y en condiciones inseguras; también hemos documentado casos de suicidios de mujeres que no encuentran otra salida frente a un embarazo no deseado; o como ocurrió con Fausia, un enorme daño psíquico y físico debido a una maternidad forzada", explicó en la rueda de prensa Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres.

Por su parte, la directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Cecilia Martínez, dijo que el de Fausia "es un caso testigo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud".

"La penalización del aborto afecta a todas las personas que pueden necesitar un aborto y en particular a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual. Con el litigio buscamos justicia para Fausia y que hechos como los que ella enfrentó no se repitan. Los estados deben garantizar la autonomía reproductiva de todas", añadió.

Las organizaciones esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la mujer gestante está en riesgo.

Las demandantes recuerdan que esa prohibición fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en el año 2021.

En Honduras, según datos de la Secretaría de Salud (2022), cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres, consignan las organizaciones en un comunicado.

"La falta de acceso real a la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) y la penalización del aborto afectan sus derechos a la vida, salud, integridad, igualdad y no discriminación y van en contra de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en sus guías para la atención del aborto publicadas en 2022 explícitamente recomendó la despenalización del aborto y su regulación desde la salud pública, pues se trata de un servicio de salud", añaden.

Las organizaciones consideran que "las políticas regresivas de Honduras en materia sexual y reproductiva constituyen claras violaciones de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, incluyendo su derecho a la vida, la salud, la privacidad, la autonomía e integridad corporal, así como a vivir una vida libre de discriminación, tortura, violencia y persecución".

Con este caso las demandantes buscan garantías para que las mujeres hondureñas puedan acceder a servicios esenciales de salud, incluido el aborto.

Fuente: Sputnik