El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva cumple un año en Brasil el próximo 1 de enero. Son doce meses marcados por el susto inicial del intento golpista de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), por la reconstrucción de las políticas públicas desmanteladas en la anterior legislatura, las dificultades de lidiar con un Congreso más conservador que nunca y por una economía dando sorpresas positivas.

Lula entró en el Palacio del Planalto el 1 de enero, pero podría decirse que su mandato empezó de verdad una semana después: el día 8, miles de bolsonaristas invadieron ese edificio (sede del Gobierno), además del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Pocos días después, el intento golpista llevó a miles de ellos a la cárcel.

Lula reaccionó rápidamente y esa misma noche convocó en Brasilia a todos los gobernadores del país (también a los rivales) para una foto de unidad ante la agresión antidemocrática. Para la economista y profesora de la Fundación Getúlio Vargas, Carla Beni, esa reacción firme, pero al mismo tiempo serena y dialogante con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, fue el primer hito de su mandato y dio la tónica de los meses siguientes.

"Ha habido un rescate de la estructura democrática del país. Llevamos un año sin escuchar amenazas de golpe de Estado por parte del Ejecutivo. Que el Gobierno haya dejado de representar una amenaza para la democracia es el primer punto, porque da estabilidad para todo lo demás", apunta la especialista en declaraciones a la Agencia Sputnik.

Lula montó un Gobierno con 37 ministerios, un número elevado para intentar encajar al máximo de aliados posible, fruto del "frente amplio" con que ganó las elecciones y garantizarse cierta gobernabilidad en un Congreso donde la izquierda está en minoría. Entre las prioridades más urgentes está la de reconstruir políticas públicas para erradicar el hambre y la miseria y estimular el crecimiento.

BUEN RUMBO ECONÓMICO

La economía ha dado sorpresas agradables: se espera que Brasil termine 2023 con el producto interno bruto (PIB) creciendo un tres por ciento, más de lo que pronosticaban la mayoría de analistas. El desempleo está en el 7,6 por ciento (el menor porcentaje desde 2015) y la inflación se ha desacelerado.

"Tuvimos un resultado infinitamente mejor que el que pronosticó el llamado "mercado financiero". Deberían hacer un ejercicio de mea culpa", resume la docente.

Tras muchos embates, el Banco Central (que desde 2021 tiene autonomía) cedió a las presiones del Gobierno y desde agosto ha bajado los tipos de interés en cuatro ocasiones consecutivas (ahora en el 11,75 por ciento), lo que se espera que estimule el crecimiento.

El salario mínimo volvió a tener un crecimiento real y casi 11 millones de brasileños endeudados se acogieron al "Desenrola", un programa que les ayuda a saldar esas deudas, limpia su nombre y les permite volver a acceder a crédito.

El equipo económico, liderado por el ministro Fernando Haddad, arrancó el año aprobando un nuevo marco fiscal para tranquilizar a los inversores y recientemente sacó adelante una reforma tributaria que simplifica el enrevesado sistema fiscal brasileño y que llevaba esperándose casi tres décadas. Empresarios y políticos de todos los colores aplaudieron esta conquista.

También se lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento, un ambicioso paquete de inversiones públicas de 350.000 millones de dólares, sobre todo en infraestructura y transición ecológica, que se espera que sea una importante palanca para la generación de empleo.

POLÍTICA EXTERIOR PRIORITARIA

La política exterior ha sido una de las prioridades más claras de Lula, obsesionado con rescatar la imagen internacional de Brasil. En su primer año de mandato visitó 24 países. Reconectó Brasil con los BRICS y con la región, volviendo a ver el Mercosur como una herramienta útil y en agosto organizó una cumbre de países amazónicos.

"Brasil volvió, Brasil quiere liderar discusiones importantes en el mundo, tanto bajo la óptica humanista como de la paz, de la economía verde, sobre cuestiones energéticas y ambientales. Y ahí el papel de Lula es fundamental, porque teníamos un desgaste internacional muy alto", apunta la especialista.

No obstante, a pesar de ese recobrado protagonismo, Lula tropezó en sus intentos de mediar entre Rusia y Ucrania y no consiguió cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La agenda externa y la ambiental se han ido entrelazando continuamente, demostrando que la diplomacia verde es uno de los principales activos de Brasil para la actual administración.

Internamente, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva (que ya ocupó el cargo hace dos décadas, también con Lula) tuvo como principal desafío reconducir la lucha contra la deforestación en la Amazonía y ya recogió los primeros resultados: cayó un 22,3 por ciento en la comparación anual. El objetivo oficial del Gobierno es alcanzar la deforestación cero en 2030.

No obstante, el programa ambiental del Ejecutivo no está exento de contradicciones. En plena cumbre del clima, Brasil anunció su intención de sumarse al OPEP+ (el grupo que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados). La empresa semiestatal Petrobras insiste en explotar yacimientos de petróleo en la Amazonía y la zona de influencia del delta del río Amazonas, pese a las críticas ecologistas.

Tampoco colabora en el boicot a la agenda ambiental el Congreso Nacional, de mayoría conservadora, y con una enorme bancada de diputados ruralistas empeñados en flexibilizar las leyes que protegen el ambiente y los territorios indígenas. El equilibrio de fuerzas con el Poder Legislativo para poder gobernar es uno de los principales desafíos de Lula en los tres años que tiene por delante como presidente.

Lula también ha decepcionado a buena parte de su electorado por la escasez de mujeres y personas negras en su equipo. Especialmente sonada fue la campaña de los movimientos sociales para que el presidente escogiera a una jurista negra para una plaza vacante en el Tribunal Supremo. Lula hizo oídos sordos y colocó a su ministro de Justicia, Flávio Dino.

LA POLARIZACIÓN CONTINÚA

Otro gran reto para el presidente es unificar el país (el lema de su Gobierno es "unión y reconstrucción"). La base bolsonarista sigue fiel a su líder (a pesar de que la Justicia le inhabilitó y no podrá presentarse a las elecciones de 2026). La polarización del país no tiene los niveles de crispación de hace un año, pero sigue intacta.

"Se estimula diariamente en las redes sociales. Los contrarios al Gobierno se encerraron en una burbuja (…) viven en una esfera de pánico pensando de verdad que el país está sumergido en el caos", apunta Beni, quien cree difícil que Lula consiga romper esa barrera y aumentar considerablemente los niveles de popularidad, por mucho que la economía mejore.

Según una encuesta de este mes del instituto Datafolha, Brasil sigue igual de dividido que hace un año: el 30 por ciento de los entrevistados se dice "petista" (seguidor del Partido de los Trabajadores, al que pertenece el presidente), mientras que el 25 por ciento se identifica como simpatizante de Bolsonaro. Además, un 21 por ciento se define como neutro. Son los mismos porcentajes que en diciembre de 2022.

La popularidad de Lula no ha caído en estos doce meses, pero tampoco crece. Básicamente, quien le votó está contento, quien no, no. El 38 por ciento de los brasileños aprueba el Gobierno (lo considera bueno y óptimo), frente al 30 por ciento que lo califica como regular y un mismo porcentaje que lo definiría como malo o pésimo. Los porcentajes apenas han variado en las cuatro veces en que se ha preguntado a los brasileños a lo largo del año.

Fuente: Sputnik