A esta altura resulta difícil creer lo que repiten los voceros del Gobierno cada vez que Elisa Carrió ataca a algún integrante del Poder Judicial: que juega sola y que el presidente Mauricio Macri la deja actuar para que no vuelva sus misiles contra el Gobierno. Uno de los hombres de consulta del jefe de Estado en temas judiciales, el diputado e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, alentó las acusaciones de Lilita contra el juez Jorge Luis Ballestero. Y pidió la remisión de "todas las declaraciones juradas patrimoniales integrales, en sus anexos públicos y reservados". Ballestero es uno de los dos camaristas -el otro es Eduardo Farah- que decidieron cambiar la carátula de la causa contra Cristóbal López y que permitió que saliera de la cárcel.

Lo que ya no oculta Cambiemos es que pasó de la declamación "institucionalista" de la Justicia que puede rastrearse en sus declaraciones de campaña electoral a una acción claramente política para achicar la distancia entre los fallos judiciales y los intereses del Gobierno.

Cuando estaba por asumir, a Macri le llevaron la idea de duplicar los juzgados federales porteños para pasarlos de 12 a 24, con la intención de licuar el poder de los magistrados que tienen las causas centrales que afectan al poder político. Acá también prefirió el gradualismo. Con Tonelli en la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura comenzó a acelerar las causas.

En el oficialismo se quejan de la cantidad de causas contra magistrados que estaban "paradas" porque descansaban en que las denuncias en el Consejo prescriben a los tres años, por lo tanto, tiene poco costo dejarlas correr. Y señalan que a muchos de los jueces, en sus declaraciones juradas, "no les cierra el blanco, el negro ni el gris".

Los jueces no son los únicos que tienen problemas con la escala de grises. A los problemas para justificar su movimiento de fondos y su accionar a través de offshore que arrastraba el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se sumó la revelación de la revista Noticias acerca de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había blanqueado $20 millones antes de entrar a la función pública. No hay que hacer juegos de palabras con los colores para entender la opacidad de las herramientas. En un reportaje al programa De haberlo sabido, de Radio Con Vos, el diputado Daniel Arroyo lo definió ayer de este modo, al explicar que quieren interpelar en el recinto a Dujovne como señal, también, de la molestia que provoca que el Gobierno no acuse recibo. "Hay tres grandes problemas en el país: alimentos, remedios y combustibles; en los tres encontramos a funcionarios que están de los dos lados del mostrador. Este Gobierno es un conflicto de intereses caminando".