Es una disyuntiva añeja, de las que en la Casa Rosada achacan a economistas pasados de moda. Pero fue el propio Presidente quien la reeditó, cuando volvió a desairar a los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y a sobreactuar su afinidad con las cámaras agrícolas. La tensión entre campo y industria pareció volver con todo, casi como en la pelea de diez años atrás por las retenciones móviles, en medio de un clima económico enrarecido por la grave sequía que castiga a la pampa húmeda, la devaluación que debió salir a frenar el Banco Central y la impotencia oficial frente a la inflación. Como resultado, el Gobierno terminó enfrentado amargamente con Arcor, el mayor grupo alimentario del país, principal productor de caramelos del mundo y primer exportador de golosinas de la región.

Los representantes de la UIA no iban con grandes expectativas a la reunión del lunes con Marcos Peña y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien no solo los había llamado "llorones" por radio sino que lo había ratificado en una columna de opinión apenas 24 horas antes del encuentro. El saldo de la cita fue políticamente peor que lo esperado porque Mauricio Macri evitó pasar a saludarlos por el despacho del jefe de Gabinete, contiguo al suyo en el primer piso de la Rosada. Y porque a la mañana siguiente, como si buscara marcar el contraste, voló más de 200 kilómetros para asistir a la inauguración de Expoagro, la feria agropecuaria que coorganizan los diarios Clarín y La Nación.

El enojo del Presidente con Luis Pagani, el número uno de Arcor, fue creciendo con el correr de los días. Primero por la alarma que encendió su mano derecha, Adrián Kaufmann, en la primera reunión del año de la Junta Directiva de la UIA. Allí advirtió que las importaciones de tomates enlatados se multiplicaron por cincuenta durante el último año. Después porque supo que Pagani había compartido con varios gobernadores su preocupación por la crisis de las economías regionales. Enemigo de las polémicas y de levantar el perfil, el heredero del imperio cordobés se limitó a comentar a sus amigos que estaba "dolido". Uno de esos confidentes, el exfuncionario delasotista Jorge Lawson, desde el año pasado director del Banco Nación, hizo ayer malabares para evitar quedar en medio de la pelea al disertar en un seminario de The Economist donde también hablaron Nicolás Dujovne y Juan José Aranguren.

Lo anacrónico de la línea divisoria que trazó el Gobierno entre un campo pujante y dinámico y una industria ineficiente y sobreprotegida quedó de manifiesto el mismo martes en Expoagro, donde varios dueños de fábricas asistieron en su rol de productores agropecuarios a la demostración de afecto mutuo que se prodigaron el Gobierno y los ruralistas. Su presencia no debería llamar la atención; desde hace años la cúpula de la UIA acumula más hectáreas de campos que la de la Sociedad Rural. El lobbista en jefe de Techint, Luis Betnaza, cría ganado cerca de Balcarce. Y el jefe de la UIA, Miguel Acevedo, quien también viajó a San Nicolás tras la tensa cita en la Rosada, administra decenas de miles de hectáreas de granos de Aceitera General Deheza (AGD), un símbolo de la integración de ambos sectores. La misma Arcor cultiva duraznos, damascos y caña de azúcar en tierras propias.

La lista no termina allí. José de Mendiguren, el dirigente fabril que más activamente viene denunciando el cierre de fábricas desde que asumió Macri, regentea una cabaña de caballos de raza que le valió varias cucardas en la Rural de Palermo. No por ello descuidó su planta de tejidos industriales para cintas transportadoras y zapatillas en Justo Daract, San Luis, donde se instaló 38 años atrás. También tienen campos el tesorero de la UIA, Héctor Motta, y el automotor Cristiano Rattazzi. Hasta el metalúrgico Juan Carlos Lascurain, preso durante 48 horas la semana pasada por haber cobrado una obra pública que la Justicia lo acusa de no haber hecho, disfruta de vez en cuando de su chacra en Entre Ríos.

Alta tensión

Pagani le escapa a los flashes pero le escribió a De Mendiguren para felicitarlo el martes por la noche, después de un reportaje televisivo donde advirtió que los problemas que denuncia Arcor son los de todo el sector fabril. También se ofuscó cuando leyó que Rattazzi había coincidido con Cabrera al sostener que muchos industriales "no entendieron que el país cambió". Cerca suyo recordaron el crédito del Bicentenario que el heredero de los Agnelli embolsó del kirchnerismo en 2010 por 565 millones de pesos a una tasa subsidiada del 9,9% anual. Para el vapuleado Federico Sturzenegger, esos créditos fueron "pura corrupción". Otros industriales que lo quieren menos aún evocaron aquel coloquio de IDEA de un lustro atrás donde el jefe de Fiat dijo que hacían falta "más empresarios como Cristóbal López" en las cámaras y foros patronales.

La puja entre fracciones del capital local que empieza a dibujarse más nítidamente no es entre agro e industria. "Eso es una pelotudez", minimizó ayer en una pausa del seminario de The Economist el jefe de un megapool de siembra fondeado por el magnate George Soros. El mayor recelo que mastican los industriales es con los sectores no transables, donde amasó su fortuna la familia Macri. Quien lo sintetiza, una vez más, es De Mendiguren: "A nosotros nos acusan de caros pero nadie les pregunta a ellos por qué cobran tan caros los peajes o por qué cobraban tan caro por levantar la basura o por mandar una carta. Y a nosotros nos dicen que lloramos para que nos protejan, pero en esos negocios no hay ninguna competencia", disparó el también diputado por el Frente Renovador.

Una de las diez familias más ricas del país, la de Gregorio Perez Companc, hace la misma lectura del modelo macrista. Las ganancias más jugosas de los próximos años, especulan sus herederos, se cosecharán en dos actividades no transables: la energía y la construcción. Por eso, aunque sin abandonar Molinos Río de la Plata, ponen proa hacia allí y se preparan para hacer una oferta por Transener, la compañía de transporte de electricidad que le compró la estatal ENARSA a Electroingeniería durante el ocaso del kirchnerismo y que ahora Aranguren busca reprivatizar. Según publicó el sitio especializado EnerNews, son los favoritos para convertirse en los nuevos socios allí de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de Macri.

Mindlin, dueño de Pampa Energía y de Edenor, tiene vedado acrecentar su 50% de Transener por las regulaciones antimonopolio. Pero codicia las seis centrales de generación eléctrica que controla ENARSA y que Aranguren también busca vender. Lo frena el hecho de sentirse muy observado por la oposición tras haberse alzado con Petrobras y con IECSA, la constructora insignia del grupo Macri. Anteayer, de hecho, Felipe Solá puso el dedo en la llaga mientras Marcos Peña respondía preguntas en Diputados: "Le quieren regalar otro negocio a Mindlin", disparó el massista en alusión a Transener. La bancada radical, cuya cúpula partidaria rechazó la venta de esas acciones en una carta pública a Aranguren, optó por un discreto silencio.

El que no llora no mama

Lo que también demora la nueva oleada de privatizaciones que empuja Aranguren son los recaudos que empezó a tomar el jefe de ENARSA, Hugo Balboa, para evitar desfilar por tribunales durante el resto de su vida. Si malvende activos del Estado, temen cerca suyo, podría ser objeto de denuncias penales. Por eso le exigió a Aranguren una tasación previa por parte de una auditora internacional como PriceWaterhouseCoopers.

Los recaudos de Balboa brillan por su ausencia en el Ministerio de Transporte, donde los negocios se cierran a velocidad devidista y sin tantos pruritos. La prórroga hasta 2030 de la concesión de los accesos Norte y Oeste, donde figuró como accionista el grupo Macri hasta mediados del año pasado, saldrá por decreto y sin licitación en los próximos días. La Dirección de Vialidad se apuró a publicar los resultados de las audiencias públicas que realizó durante febrero para aumentar los peajes, donde coló subrepticiamente la renegociación integral de las concesiones de 1993. No hubo dictamen favorable del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) porque nadie se atrevió a firmarlo. Guillermo Dietrich optó por el camino más corto: disolvió el ente de contralor con la excusa de que lo había presidido un corrupto como Claudio Uberti. Cuando los vientos cambien en Comodoro Py, quizá el director de Legales de Vialidad, Ricardo Stodart, lamente haberse apresurado tanto.

¿Cuánto tardarán en cambiar esos vientos? La disgregación opositora mantiene al Gobierno convencido de que falta mucho. Por eso Marcos Peña se mostró tan seguro en Diputados. Ni siquiera se alteró cuando el santafesino Luis Contigiani le recordó que su primo segundo, Alejandro Jaime Braun Peña, compró una empresa importadora de luminarias LED justo cuando Aranguren se aprestaba a lanzar un plan de subsidios para que los municipios renueven esos equipos de alumbrado público. La operación, revelada por BAE Negocios, catapultó a Braun Peña al top 5 nacional de proveedores de esas luminarias, incluso aunque una veintena de fábricas locales son capaces de producirlas en el país.