El Senado comenzará a tratar hoy los proyectos de ley para regular la gestión de intereses en el ámbito del Estado, también llamada actividad de lobby, que obligará a los lobbistas a inscribirse en un registro público y a los funcionarios a registrar las reuniones.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá a las 15 para analizar tres proyectos de ley, uno del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, otro de la ex senadora Liliana Negre de Alonso y otro de la senadora de Río-Sur Magdalena Odarda.
Los proyectos definen como lobbista a "toda persona física o jurídica que en provecho propio o en beneficio de terceros, a cambio de una remuneración, realice acciones en defensa de sus intereses o de terceros" para influir en las decisiones que adopta el Estado.
A partir de allí, comienzan las diferencias entre los distintos proyectos. El de Negre de Alonso apunta exclusivamente al lobby en el Congreso, mientras que el de Pichetto busca regular la actividad en el Poder Legislativo y en la administración pública nacional. El proyecto de Odarda, en tanto, sólo apunta a regular el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Los lobbistas deberían presentar una declaración jurada con sus datos personales o los de su empresa, así como su CUIT y CUIL, y deberán presentar un informe semestral con "los métodos empleados y los funcionarios o dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante".
Se establece que no podrán ser lobbistas quienes ejerzan cargos públicos (y si ya no lo ejerce, deberán esperar 12 meses para dedicarse a la actividad del lobby), tampoco su cónyuge o parientes de primer grado de consanguineidad.
