El Gobierno argentino tendrá que enfrentar una nueva demanda en los tribunales de Nueva York, que esta vez no estará motorizada por fondos buitre o bonistas individuales que no aceptaron las propuestas de pago, sino por parte de un grupo de tenedores de bonos que sí ingresaron a los canjes y que reclaman que, durante los dos años en que estuvo vigente la medida cautelar del juez Thomas Griesa que bloqueó pagos normales, acumularon intereses sobre esos montos impagos, que en este caso alcanzarían los u$s650 millones. Es un nuevo tipo de juicios que hasta ahora el país no había enfrentado. Al tratarse de una demanda colectiva, se sospecha que otros fondos más importantes (incluso buitres) puedan estar detrás.

Se trata de una presentación hecha por el fondo Draw Capital Partners en el juzgado de Loretta Preska, la magistrada que reemplazó a Griesa. Este fondo afirma en su escrito formar parte de un grupo de bonistas (que no identifica pero que asegura "numeroso") que persiguen el mismo remedio monetario. Son fondos que aceptaron alguno de los canjes de deuda de 2005 o 2010 y que sufrieron la decisión más importante de Griesa durante el juicio de los fondos buitre: la implementación a mediados de 2014 de una medida cautelar (injunction) que frenó el curso normal de pagos a tenedores de estos bonos.

El Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández estableció un fideicomiso en la Argentina para que los distintos tenedores puedan venir a cobrar los intereses que pagara cada bono durante el tiempo en que estuviera vigente la cautelar. Una buena porción de fondos cobraron sus intereses de esta manera aunque otros prefirieron quedar afuera por cuestiones de seguridad jurídica, en momentos en que todavía funcionaba el cepo cambiario.

El escrito de Draw Capital, entonces, postula que cuando pudieron volver a cursarse normalmente los pagos de intereses en mayo de 2016, el Gobierno se habría negado a reconocer una serie de "intereses sobre intereses" impagos que, afirma la demanda, estarían establecidos como derecho en los contratos de esos bonos. Por ese motivo el fondo reclama unos u$s650 millones. De ese total, 300 millones corresponden a los intereses acumulados durante la vigencia del injunction, otros 300 millones por considerar que el Estado actuó con "malicia" al no permitir que el fondo se disponga de esos intereses y 50 millones por una actualización desde mayo de 2016 (a tasa de 9%).

De acuerdo al analista de Research for Traders, Sebastián Maril, este reclamo es similar a uno que realizó el fondo Knighthead del magnate George Soros, que si bien no acudió a la justicia, envió una carta para pedir por los mismos intereses sobre intereses impagos. "No está blanquado cuáles son los integrantes de esa acción de clase, Draw Capital aparece como el demandante pero no sabemos cuántos fondos pueden estar detrás e incluso si no hay fondos más grandes involucrados y si otros reclamos de este tipo pueden aparecer en el futuro", consideró. Desde un importante estudio de abogados neoyorquino consideraron, extraoficialmente, que el reclamo "no es para nada absurdo" y que estiman que el Gobierno "responderá que esos intereses no fueron recibidos por una decisión ajena (Griesa) y por no haber elegido cobrar a través del fideicomiso en Argentina".