Con el escándalo que envuelve a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a raíz de las denuncias por presuntos aportantes truchos a la campaña 2017 de Cambiemos como telón de fondo, el diputado Máximo Kirchner presentó ayer ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales con la "participación más activa del Estado", apunta a prohibir los aportes de las empresas y endurece las sanciones por incumplimientos a la norma.

Entre otras cuestiones, la iniciativa propone regular el financiamiento de la publicidad en Internet con lo que se vendría a llenar un vacío legal, pero además, propicia que las fuerzas políticas bancaricen los aportes de campaña abriendo en el Banco Nación o algún otro banco oficial una cuenta corriente en la que "ingresarán todos los aportes del Estado y de las personas físicas, y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña".

En cuanto a la distribución de los recursos del Fondo Partido Permanente, se plantea que el 30 por ciento sea repartido "en forma equitativa" entre todos los partidos reconocidos, mientras que el restante 70 por ciento sea repartido "en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales".

Pero además, pretende garantizar el financiamiento público y el libre acceso de todos los espacios a la producción y publicación "de su propaganda electoral en la web" en cualquiera de sus formatos (imágenes gráficas o videos publicitarios), y aspira a que todos "tengan la misma posibilidad de dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos".

En otro tramo, el texto mediante el cual el bloque del Frente para la Victoria busca anticiparse al proyecto que promueve el gobierno y que fuera mencionado por Vidal el miércoles último en el marco de la conferencia en la que dio cuenta del "despido preventivo" de la contadora María Fernanda Inza, y apunta a prohibir los aportes provenientes de cualquier tipo de persona jurídica, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, así como los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Pero además, tendría previsto crear "una Comisión Bicameral Electoral, donde el control cotidiano y durante las campañas electorales, no solo recaiga sobre la Cámara Nacional Electoral (CNE), sino que también sea el mismo Parlamento quien lleve a cabo funciones de contralor sobre los partidos", al tiempo que apuntaría a aumentar las sanciones para quienes violen la norma.

Finalmente y con el objetivo de facilitar el acceso a los centros de votación, el proyecto de Máximo plantea que el día de los comicios, el transporte público interurbano y urbano sea de carácter gratuito, tanto para la ida como para la vuelta de los electores y de las autoridades de mesa convocadas.

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