El juez federal Julián Ercolini procesó ayer por supuesto "lavado de dinero" a la ex presidenta Cristina Fernández y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur, donde se investigan las contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública.

El magistrado también le dictó el procesamiento al detenido empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín; al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; al detenido ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y a Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, entre otros.

Además, les trabó un embargo de hasta 800 millones de pesos a cada uno, según consta en el fallo judicial de 439 páginas que emitió la justicia ayer.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.

Los procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz", sostuvo Ercolini en su fallo.

Los acusados "realizaron diversas operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas- mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre SA -también del empresario nombrado-; fundamentalmente a través de la actividad hotelera", remarcó.

Valle Mitre, "sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos", sostuvo el juez.

Para la ejecución de la maniobra "fue necesario que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros; en consecuencia registraron entre los años 2005 y 2009 múltiples negocios -en su mayoría con Lázaro Antonio Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner, en nombre de aquellos", según escribió el juez.

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